Ha acabado el plazo, hace exactamente una semana, y la Junta de Andalucía ha hecho los deberes en lo que se refiere al proceso que nos llevará a conformar la nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC), la que va a marcar los designios del mundo rural andaluz a partir de 2020.

El Gobierno regional ha remitido a la Comisión Europea su posicionamiento oficial ante la consulta pública abierta por esta institución sobre la futura PAC, que actualmente se debate para su implantación tras la finalización del actual marco financiero europeo. En esta respuesta, la Administración autonómica reclama que el nuevo modelo siga garantizando el nivel de renta de los agricultores, contribuyendo a evitar la despoblación de las zonas rurales y afianzando un sector estratégico, el agroalimentario, que en Andalucía aporta en torno al 8% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y el 10% del empleo.

El sector agrario aporta el 8% del PIB regional y el 10% del empleo

La Consejería de Agricultura ha resumido su postura en seis puntos, empezando por una PAC fuerte, "tanto desde el punto de vista presupuestario como legal, que proporcione un marco estable y permita dotar las decisiones del sector productor de seguridad jurídica, evitando las modificaciones a corto plazo".

El segundo reclama que se mantengan las ayudas a la renta a través de pagos directos al agricultor, "ya que constituyen el mejor medio para alcanzar los objetivos específicos de la PAC y los nuevos retos ambientales, sociales y territoriales a los que se enfrenta la Unión Europea en el futuro".

A su juicio, es importante que se tenga en cuenta "la diversidad de las producciones y territorios en las distintas regiones que la conforman, de forma que cualquier nueva medida a aplicar puede adaptarse a las particularidades de las mismas".

Otro de los puntos es "mantener la sostenibilidad en tres ámbitos principales, social, económico y medioambiental". "Este tipo de agricultura -explica- genera empleo, mantiene un mundo rural vivo, con explotaciones viables económicamente, al mismo tiempo que produce alimentos sanos y de calidad para las personas consumidoras, respeta el medio ambiente y contribuye al mantenimiento de ecosistemas valiosos y de su biodiversidad en beneficio de las comunidades urbanas y rurales".

La quinta propuesta es para una PAC que garantice un desarrollo rural en el que se fomenten las inversiones innovadoras y la modernización de las explotaciones y que permita el relevo generacional y la implicación de la mujer, alcanzando con ello el objetivo de fijación de la población al territorio con el enfoque de la iniciativa Leader.

Y por último, el Gobierno andaluz exige una PAC que apuesta por la simplificación como una prioridad, no sólo en términos legislativos, sino también en su aplicación y en la realización de los controles de los requisitos mediante la digitalización de la agricultura y la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles, para reducir la carga burocrática y el coste administrativo, explica la Consejería de Agricultura.

La consulta pública sobre la PAC abierta por la CE pregunta exactamente: "¿Cuáles son los principales problemas y obstáculos que impiden que la PAC actual cumpla con éxito sus objetivos? y ¿cuáles son las causas de esos problemas?". A estas cuestiones la Junta de Andalucía ha respondido: "El exceso de carga burocrática y la complejidad de las diferentes medidas y requisitos incluidos en las sucesivas reformas hacen que su control sea complicado". "Los problemas relacionados con el mantenimiento de la renta de los agricultores -agrega- son debidos a la reducción del presupuesto de ayudas directas y por otro lado a la evolución de los apoyos, pasando de un apoyo vinculado a la producción a uno desacoplado de la misma, existiendo sectores como la ganadería extensiva donde es indispensable apoyar de una forma asociada a la cabeza".

"Se deben de seguir concediendo ayudas directas que remuneren la actividad agraria y las externalidades positivas de la agricultura. Por otro lado, también es debido a los desequilibrios de la cadena de valor y al desmantelamiento de los instrumentos de regulación de mercados. El envejecimiento del campo es patente. Si la PAC quiere cumplir sus principales objetivos y los nuevos retos ambientales y climáticos deberá de apostar por el relevo generacional mediante el apoyo directo adicional y políticas que faciliten acceso a financiación y a la titularidad de la tierra. Sin agricultores sobre el terreno no se podrán acometer ninguno de los objetivos de la PAC. La solución será dotar a la PAC de un presupuesto importante que permita mantener los niveles de renta atractivos con ayudas directas", señala.

A la pregunta "¿qué elementos de la PAC actual son los más onerosos o complejos y por qué?", la Consejería responde: "La PAC desde el año 1992 tuvo una orientación ambiental que progresivamente se ha ido incrementando. El cumplimiento de la condicionalidad y de los requisitos legales de gestión establecidos para el cobro íntegro de las ayudas son superiores a otros países competidores de la UE en los mercados, que cuentan con ventajas competitivas al no tener que cumplirlos. Por tanto aumentar los requisitos mínimos ambientales es complejo y creemos que es suficiente con los elementos existentes, e incluso deberían ser fomentados directamente en lugar de vía sanciones".

"Uno de los elementos más complejos de cumplir -añade- son los requisitos ambientales establecidos a través de las medidas agroambientales. Sin duda los condicionantes de diseño y programación de las medidas de Feader, junto con la complejidad de gestión de dicho fondo son los elementos más complejos de la PAC actual". "A partir de estos principios -señala-, la Junta expresa su respaldo al Gobierno de España en la negociación que ahora se inicia, ante la puesta en duda del modelo por algunos Estados miembros de la Unión".

La consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC se inició el 2 de febrero y se cerró el martes 2 de mayo con más de 175.000 respuestas recibidas. La Comisión dará a conocer los resultados en julio. Un grupo de trabajo con representantes de la Administración autonómica, las organizaciones profesionales agrarias y la entidad Cooperativas Agro-alimentarias se encarga de realizar el seguimiento de la negociación con Bruselas y de canalizar las aportaciones del sector.

Está previsto que a finales de 2017 se presente una comunicación sobre las prioridades futuras y que durante el primer trimestre de 2018 vean la luz las propuestas de reglamentos, que se debatirán hasta 2019. El calendario comunitario incluye también otras citas que, aunque al margen de la negociación de la PAC, afectarán a su diseño, como las elecciones en varios Estados Miembros, el nuevo marco financiero plurianual o el Brexit.

La PAC, que absorbe en torno al 40% del presupuesto de la Unión Europea, es fundamental para evitar la despoblación del medio rural por el efecto multiplicador en la economía.

Sus ayudas directas y al desarrollo rural han permitido incrementar la renta agraria andaluza un 54% durante los últimos 30 años, hasta superar los 8.800 millones; han contribuido al mejor dimensionamiento de las explotaciones, y han hecho posible el mantenimiento del empleo.