Incansable pese a que las demandas de los regantes se repiten año tras año y a que cualquier logro cuesta más que el anterior. Pero el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, no se deja abatir y repite a quien quiera, y a quien no quiera oírle, que los regantes necesitan el apoyo de las administraciones, una rebaja del precio de la energía, la inclusión de las Comunidades de Regantes en el Registro de Aguas y otras demandas que se desgranan en esta entrevista.

-El elevado precio de la energía es su principal caballo de batalla. Llevan tiempo pidiendo una reducción del IVA para que se aplique el reducido. ¿Qué les contestan?

"El bloqueo a la inscripción en el Registro de Aguas pone en peligro la recepción de ayudas europeas"

-Nada. El Gobierno no responde nada. Su táctica es dar por buenas y suficientes las medidas aplicadas, consistentes en una exención del 85% del Impuesto de la Electricidad para el regadío y en una reducción de módulos para los agricultores que cumplan determinadas condiciones en sus suministros eléctricos. Esas medidas son completamente insuficientes para paliar la duplicación de los costes eléctricos que los regantes hemos sufrido desde 2008. Los costes eléctricos representan ya, como media, el 30% de los gastos totales de una comunidad de regantes. Es una situación muy poco sostenible que pone a la agricultura andaluza en problemas de competitividad en los mercados internacionales. Los regantes italianos pagan IVA reducido. Estamos en una clara situación de desventaja con respecto a ellos.

-Ante el problema del precio de la energía, cada vez hay más instrumentos para reducir el consumo, ¿no?

-Claro que hay instrumentos, como equipos y redes más eficientes, y también otras soluciones como favorecer la autoproducción con energía renovable más limpia y más barata o cambiar a cultivos de menor demanda. Pero ninguno de estos instrumentos o soluciones pueden cambiar la realidad de la desproporcionada subida de la factura eléctrica, ni tampoco pueden transformar la realidad inobjetable de que necesitamos consumir más como consecuencia de la modernización. Con el objetivo de hacer un uso más eficiente del agua, las comunidades de regantes de toda España, y particularmente de forma muy destacada las andaluzas, nos hemos embarcado en un proceso de modernización y renovación de nuestras instalaciones que va asociado a un mayor consumo. Ahorro de agua y mayor consumo de energía es un binomio indisociable. Por mucho que nos esforcemos en optimizar el consumo energético, la transformación del riego con infraestructuras modernas implica mayor consumo de energía.

-¿Cree que es importante la investigación para reducir el consumo de energía en el regadío? ¿Ha habido avances importantes en este sentido?

-En este ámbito, como en todos, la investigación es determinante. La ingeniería y la incorporación de nuevas tecnologías ya están permitiendo introducir sistemas de gestión energética, variadores de frecuencia y otros equipos ahorradores que son capaces de reducir consumos. Pero, volviendo al símil anterior, regar a presión siempre va a exigir un consumo mayor que regar a gravedad. Por tanto, apostamos por el ahorro optimizando las redes, comprando mejor la energía mediante centrales de compra o incorporando energía renovable, pero no tenemos más remedio que exigir una reducción de los costes regulados e impuestos, que suponen más del 55% de la factura eléctrica.

"Las especies invasoras avanzan muy rápido y las administraciones actúan muy lentas"

-Reclaman una modificación en la amortización de Breña II y Arenoso. ¿Cómo está ahora mismo la situación?

-La Breña II y Arenoso son las únicas obras hidráulicas en España cuya inversión se amortiza en 25 años, mientras la Ley de Aguas, dice que las obras de regulación se amortizan en 50 años. Lo que pedimos es que se acabe con ese agravio de forma definitiva. Aunque las liquidaciones del canon de 2016 y 2017 ya se han aprobado conforme a ese plazo, consideramos oportuno y necesario que se formalice ese cambio del periodo de amortización, para, entre otras cosas, igualarlo al que tienen todos y cada uno de los embalses españoles gestionados por los diferentes organismos de cuenca. Asimismo, demandamos que los fondos propios invertidos por Acuaes en estas obras, se amorticen del año 26 al 50, como se hace con otras obras de regulación de Acuaes o en el modelo Seiasa para las modernizaciones de regadío, ambas sociedades estatales dependientes del Ministerio de Agricultura.

-Otra demanda es la inscripción de las Comunidades de regantes en el Registro de Aguas. ¿Para cuándo será posible?

-Los tiempos de la política son inescrutables. De hecho, tiempo ha habido de sobra para que este tema se hubiera solucionado. Lo que ha faltado son recursos, y, más que recursos, voluntad política de hacerlo. El Abogado del Estado ya dio la fórmula para compatibilizar los derechos colectivos de las aguas superficiales con los particulares de las aguas subterráneas, que fue la razón, o más bien excusa, esgrimida en su momento para bloquear esas inscripciones. Tras el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, ya no hay excusa, pero el bloqueo continúa. Y estamos a la espera de que el nuevo equipo del Ministerio nos diga algo sobre el asunto, que pone en peligro la recepción de ayudas europeas a la modernización del regadío.

-¿En qué consiste el plan de modernización del arrozal?

-Lo tenemos, y consiste en independizar las tomas de riego -que están afectadas por la salinidad-, del estuario. Se trataría de llevar el agua dulce a través del Canal del Bajo Guadalquivir. Para ello, habría que complementarlo con una infraestructura de distribución en ambas márgenes de la zona arrocera, lo que incluiría un sifón por debajo del Guadalquivir para traspasar el agua de la margen izquierda a la derecha.

-¿Cuándo creen que podría llevarse a cabo?

-Se trata de un proyecto con un coste de 200 millones de euros, que reduciría el consumo de agua en torno 100 hm³, generando también ahorros de energía de dos millones, con la consiguiente disminución de C0₂ a la atmósfera y mitigación del cambio climático. Es, por tanto, un proyecto con un coste importante y con beneficios públicos importantes, por lo que su ejecución está sujeta a la disponibilidad de recursos públicos que están intentando buscarse en Europa.

-¿Hay acuerdo entre los agricultores para pedir esa modernización del arrozal?

-Lo hay. Para hacerlo y para contribuir en la financiación. Las Juntas Centrales de la Margen Izquierda y Derecha del sector arrocero aprobaron apoyar financieramente este proyecto.

-Otro de los temas que les preocupan son las especies invasoras que obstruyen los canales de riego. ¿Qué piden?

-Las especies invasoras avanzan muy rápido y las administraciones están actuando muy lentas. Es algo que no nos cansamos de decir. Y que llevamos advirtiendo, además, desde que se localizaran los primeros ejemplares de estas especies en nuestra Cuenca. Desgraciadamente, las administraciones no se han tomado suficientemente en serio el problema, y hoy tenemos el mejillón cebra a las puertas de Doñana y completamente infectados los dos mayores embalses de Andalucía: Breña II e Iznájar, pero también en Málaga (Guadalhorce) y Granada (Bermejales y Colomera) hay embalses infectados. Pedimos a las administraciones que tomen las medidas para que no se propague a nuevos embalses y que ayude a prevenir y controlar una plaga que puede tener efectos económicos devastadores sobre todas las infraestructuras hidráulicas de Andalucía, afectando a todo tipo de usuarios; abastecimiento, regadíos, industria, recreativos, termosolares y que genera una importante pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos. Es un problema para todos.