El caso de los ERE es un semillero de ramificaciones en el que el PP se afana en rebuscar. Tras la denuncia de 31 personas incluidas irregularmente en el ERE de la base área de Morón de la Frontera, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que la Junta lo "paró" tan pronto como tuvo conocimiento de una eventual irregularidad, exactamente igual que el de Mercasevilla, puntualizó.

La Junta -prosiguió- "no tiene la posibilidad" de detectar ninguna irregularidad en los ERE porque "no tiene acceso" a la vida laboral de trabajadores y, además son "visados por la Inspección de Trabajo", agregó.

"Hemos actuado de manera impecable porque la Inspección actuó debidamente", aseveró. Según Moreno, la información que tiene la Junta es que cuando se recibió la denuncia de USO fue la Delegación de Empleo la que la trasladó a la Inspección de Trabajo los datos.

La sección sindical de UGT en la Base Aérea de Morón de la Frontera aseguró ayer que el proceso de resolución del ERE aplicado en esta base militar fue "totalmente transparente". La organización sindical informó en un comunicado de que, desde el inicio de la negociación del ERE, ha trabajado con "claridad" y destacó que tanto en el informe de Inspección de Trabajo previo como en la resolución del mismo por parte de la Junta de Andalucía recogen esta información.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció el lunes que en el ERE de la base aérea aparecieron 31 personas de forma irregular y que tras ser denunciado por el sindicato USO, la Consejería de Empleo informó a la Inspección de Trabajo.

Para UGT, no puede hablarse de que haya existido algún tipo de ayuda pública debido a que se trata de una empresa privada y cuyo capital invertido es privado, remarcó. Sanz explicó que tras conocerse la presencia en un ERE en diciembre de 2010 de esos "intrusos", los efectos del expediente acordados entre la gestora de los servicios civiles de la base y el comité de empresa se vieron reducidos de 150 a 119 personas que debían ser incluidos en el mismo.