Andalucía llevará al Constitucional el decreto de prescripción enfermera si no lo deroga el Gobierno

  • La Junta ve "invasión de competencias" porque la normativa "impide" que la formación y la acreditación de este colectivo se haga en Andalucía.

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El Gobierno andaluz llevará al Tribunal Constitucional (TC) el decreto de prescripción enfermera, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y otros productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería, si el Gobierno de la Nación no deroga, a petición de la Comunidad, varios artículos del mismo por "impedir" que la formación y la acreditación de este colectivo se haga en Andalucía. 

Así lo ha indicado en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien ha explicado a los medios que este requerimiento se produce tras un estudio realizado por parte del gabinete jurídico de la Junta, a petición de la Consejería de Salud, en el que se advierte de "invasión de competencias" por parte del Ejecutivo central. 

Vázquez ha apuntado que esta norma cuenta con el "rechazo unánime" de todos los profesionales de enfermería de todo el estado español "que lo ven como un menoscabo de sus funciones y un retroceso de la asistencia sanitaria". También ha recordado que hay una campaña de publicidad de un sindicato de enfermería que protesta en contra del mismo. 

Ha explicado que la vulneración competencial que el Gobierno andaluz quiere anular se refiere, "no tanto a la prestación del servicio en sí y que la comunidad mantendrá porque el decreto no impide que se preste este servicio, sino a la anulación de la formación continuada y la acreditación del colectivo de enfermería por parte de la Comunidad. 

En concreto, el requerimiento insta a la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1,10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta y el Anexo II, al considerarse que existe doctrina constitucional suficiente para afirmar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades autónomas tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación. 

Vázquez ha indicado que Andalucía ha sido la "primera" y la "única" comunidad que actualmente tiene regulada la dispensación enfermera. En 2009 se aprobó un decreto con acuerdo de los colectivos médicos y de enfermería que permitía a estos últimos la indicación de algunos productos farmacéuticos y sanitarios, lo que favorece "la agilización" y mejora de la atención a los usuarios de la sanidad andaluza, especialmente de aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica. 

El año pasado se emitieron en Andalucía casi tres millones de órdenes enfermeras, cerca de 3.000 sanitarios de este colectivo completaron su formación sobre la materia impartida por la Escuela Andaluza de Salud Pública y más de un millar logró la acreditación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

No importa que el Gobierno esté en funciones

Preguntado sobre si un Gobierno en funciones puede derogar un decreto, Vázquez ha respondido que el Ejecutivo puede tomar esta decisión aunque esté en funciones "si tiene voluntad política" y ha recordado que el citado decreto se aprobó el 23 de octubre y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre. 

"Se trata de un decreto que acaba de empezar a funcionar y que ha concitado un rechazo unánime de todo el sector de la enfermería en España", ha insistido el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha querido dejar claro que "no es cuestión de una pelea política, sino de no perjudicar los avances conseguidos en Andalucía y los usuarios". 

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