Bolaños retoma la instrucción de los cursos de formación con la declaración de un imputado

  • El jefe de servicio de la delegación del SAE en Sevilla Daniel Fito declarará el 1 de marzo, a petición propia.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha retomado la instrucción de los cursos de formación tras la división de la macrocausa en nueve bloques, y ha citado a declarar el 1 de marzo al jefe de servicio de la delegación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla Daniel Fito García, que fue imputado en la denominada operación Barrado que dirigió la juez Mercedes Alaya.

La declaración del jefe de servicio se produce a petición propia, después de que este investigado se acogiese a su derecho a no declarar cuando fue citado por la juez Alaya. Con esta declaración, María Núñez Bolaños retoma la instrucción de los cursos de formación después de que en diciembre pasado dividiera esta macrocausa en nueve grandes bloques de piezas separadas. La magistrada decidió separar para su investigación por separado los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Avilés, José María Pérez González, y Rafael Velasco Sierra; las referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales  -Ciomijas, Formades, Forman y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo  (Faffe) y, por último, la relativa a los directores generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En junio de 2015, en una de sus últimas decisiones como instructora, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a 11 jefes de servicio de la dirección general de Formación para el Empleo y de las delegaciones provinciales de las ocho provincias andaluzas. 

Los nuevos imputados son los jefes de Servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; el jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez; los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García; al jefe de servicio de Formación de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; al jefe de servicio de Formación de la delegación de Almería, Blas Méndez Capel; al jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de Formación de las delegaciones provinciales de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente. Alaya también imputó a la jefa de servicio de la dirección general de Formación para el Empleo María Carril. 

Alaya les atribuyó a estos jefes de servicio delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos “por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica, permitiendo que en este último se confeccionaran los certificados por lo que se acreditaba ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para las que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que lideraba el resto del importe de cada subvención”.

La magistrada añadió que estos imputados “omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar”.

Estas nuevas imputaciones se produjeron después de la operación Barrado, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó en marzo de 2015 y en la que se detuvo a 16 personas, entre ellos nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

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