caso de los ere

Bolaños suspende sine díe la declaración de Manuel Pastrana por motivos de salud

  • La juez pregunta a uno de los sindicalistas si, según su criterio, la Guardia Civil “miente” en el informe sobre la Faja Pirítica

Manuel Pastrana. Manuel Pastrana.

Manuel Pastrana.

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La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha suspendido sine díe la declaración del ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, que ha sido imputado en relación con las ayudas que por importe de 40 millones se concedieron a los ex trabajadores de la Faja Pirítica onubense.La instructora había citado este jueves a declarar a Pastrana, aunque su abogado defensor, Adolfo Cuéllar, había solicitado hace varios días la suspensión debido a la "grave enfermedad" y hoy ha aportado al juzgado la documentación médica que lo acredita.

Se trata de la segunda suspensión de una declaración como investigado de Manuel Pastrana, quien también está imputado desde noviembre de 2014 por el caso de las facturas falsas, sin que tampoco pudiera llevarse a efecto dicha comparecencia, previo informe del médico forense y de conformidad con la Fiscalía.

En relación con el caso de los ERE, la juez María Núñez Bolaños considera que Manuel Pastrana presuntamente cometió un delito de malversación como autor necesario, al desviar fondos abonados por el Fogasa, cuyo destino era la Junta de Andalucía, “dado que la misma había adelantado el pago de las prejubilaciones”. Asimismo, la instructora entiende que cometió otro delito de malversación, al desviar parte de los fondos recibidos por parte de la Junta para el pago de las ayudas sociolaborales.

De otro lado, la magistrada ha tomado declaración este jueves a otros tres sindicalistas: Víctor Fernández, responsable del sector minero de la Federación de Industrias Afines de la UGT (FIA-UGT); Luciano Gómez Gómez, secretario general de FIA-UGT en Huelva; Juan Manuel Moreno Valero, secretario de Finanzas de la Federación de Industrias de CCOO.

Según fuentes del caso, la juez ha preguntado a Víctor Fernández si consideraba que, a su juicio, la Guardia Civil “miente” en el atestado, a lo que el investigado ha respondido que el informe recoge criterios de personas que no tienen conocimientos suficientes en la materia. A este sindicalista, la instructora le atribuye una presunta malversación por haber presentado ante el Ministerio de Empleo unos listados de trabajadores en los que las edades bonificadas estaban “calculadas al alza, permitiendo que menores de 55 años bonificados recibieran subvenciones por parte del Ministerio sin que les correspondiera”.

A Luciano Gómez, le imputa el mismo delito por participar en al “confección e inclusión de los diversos beneficiarios de la póliza” de la mina La Herrería, “sin que ninguno de los beneficiarios cumpliera los requisitos para recibir dicha subvención”.

En el caso de Juan Manuel Moreno Valero, como persona que firmó los cheques de la asociación de trabajadores, la juez cree que incurrió en malversación “al desviar los fondos abonados por el Fogasa cuyo destino era la Junta, dado que la misma había adelantado el pago de las prejubilaciones”.

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