El juez Baltasar Garzón abrió el pasado jueves la primera causa de la historia contra el franquismo. Busca a los culpables de 114.266 desapariciones hasta 1952. Un caso destaca en Andalucía por encima de otros: la fosa donde se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca junto a los de otras personas, como él, asesinadas. Se abrirá.

En la comunidad autónoma andaluza no hay consenso sobre el asunto ni una línea de opinión uniforme acerca de este espinoso tema. La edad y la ideología de los encuestados son determinantes a la hora de expresar el punto de vista. El 45,4% considera que hay que apoyar las iniciativas emprendidas por el Gobierno para atender las demandas de los familiares represaliados y las asociaciones para la Memoria Histórica. Un porcentaje bastante menor, el 7,9%, cree que con la aprobación de la ley ha sido suficiente. Y un 38,2% de los participantes en el sondeo expresa su posición contraria a cualquier iniciativa de este tipo.

Es la población más joven -la que se incluye entre los 18 y los 24 años- la que con mayor ímpetu apoya las investigaciones sobre los desaparecidos (57,3%). El respaldo va perdiendo fuelle hasta llegar a la población de mayor edad, aquella que se encuentra más cerca de los fantasmas de la Guerra Civil y que opina que es contraproducente abrir viejas heridas (49,2%).

La futura Ley de Muerte Digna que elabora la Junta obtiene un aplauso mayoritario por parte de los andaluces. Su planteamiento general cuenta con el beneplácito del 71,4%. Un 52,6% de los encuestados se muestra "totalmente a favor" y a ellos hay que agregar un 18,8% que dice estar "bastante de acuerdo" con los postulados de la ley. Enfrente se sitúa un 12,2% que se opone de forma absoluta y radical y un 6,5% que defiende su oposición con tibieza.

La población más joven, como ocurre con la memoria histórica, es la que más se decanta a favor de este proyecto de ley. Sólo un 11,2% de los encuestados entre 25 y 34 años se muestra en contra. Entre los mayores -55 a 64 años-, el 63,28 acoge positivamente la iniciativa del Gobierno, mientras que el no lo otorga el 22,8%. El posicionamiento ideológico es fundamental a la hora de entender la acogida a la Ley de Muerte Digna: el nivel de acuerdo desciende a medida que la orientación política se decanta hacia la derecha, pero incluso en este segmento de la población el apoyo gana al rechazo (58,5% frente al 31,7%).

La frase "división de opiniones" ilustra la postura de la población andaluza cuando es preguntada sobre el aborto. Un 21,4% se declara totalmente en contra. Un 25,9% considera "suficiente" la actual ley y se posiciona, al lado del primer grupo, en contra de cualquier ampliación, con lo que un 47,3% de entrevistados enseña su disconformidad con una modificación de la legislación.

Por contra, un 47,4% se decanta por la reforma de la ley o a favor del aborto libre. O sea, empate. La edad de los encuestados arroja un dato similar a otras cuestiones: son los más jóvenes quienes defienden una mayor libertad en esta cuestión y los mayores los que menos.

Los encuestados también dan su sí al voto de los inmigrantes. La población andaluza guarda pocas dudas a la hora de decantarse a favor del derecho al sufragio de todos los extranjeros con residencia estable y legal en la comunidad andaluza en las próximas elecciones municipales de 2011. Más de seis de cada diez ciudadanos encuestados (61,7%) celebran la iniciativa del PSOE de incluir en los censos electorales a la población foránea. En el lado contrario se sitúan casi tres de cada diez personas interrogadas en este sondeo (29,6%), que rechazan la participación en las urnas de los inmigrantes. Por lo demás, la falta de posicionamiento, indeterminación o ambigüedad en esta materia es asimismo escasa, pues alcanza al 8,7%.

Territorialmente, las posturas más distantes entre sí -pero siempre con un balance a favor- se registran en Almería, la provincia con mayor población inmigrante (50,7% favorable y 42,7% en contra), y en Jaén, menos afectada por el fenómeno de la inmigración.