Chamizo pide al Ayuntamiento de Málaga que no vete las VPO a los 'okupas'

  • Una orden municipal impide acogerse a la Ley de Vivienda a quien cometió una ilegalidad

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El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que suprima de la ordenanza por la que regula el registro municipal de demandantes de vivienda protegidas la disposición en la que veta como beneficiarios a aquellos que, por resolución firme, ocupen o hayan ocupado ilegalmente una vivienda.

Tras la apertura de una queja de oficio en la que investigó esta ordenanza, el Defensor concluye en una resolución a la que tuvo acceso esta redacción que esta prohibición del Ayuntamiento de Málaga no se ajusta a la normativa vigente.

La Ley autonómica del Derecho a la Vivienda aprobada en el Parlamento andaluz hace ahora un año ordenaba a los ayuntamientos la puesta en marcha de registros municipales en los que los vecinos registrasen su demanda de una vivienda protegida. En la ley se establecen como condiciones para el ejercicio de este derecho el de carecer de unos ingresos económicos determinados (más de 3.000 euros mensuales), contar con tres años de vecindad administrativa, no ser titular del pleno dominio de otra VPO o libre, acreditar que se está en situación económica de llevar una vida independiente con el suficiente grado de autonomía y, finalmente, estar inscrito en el registro. En ninguna de estas condiciones se incluye la de no ser ocupante ilegal de una vivienda protegida.

El Defensor considera que, a pesar de que esta condición se ubica en un precepto que regula los criterios y condiciones para la selección de los demandantes de vivienda, este apartado "contempla una medida de verdadera naturaleza punitiva, toda vez que estaría penalizando o sancionando a aquellos demandantes de vivienda protegida, a sus unidades familiares o convivenciales, que estuvieran ocupando ilegalmente una vivienda protegida".

Chamizo entiende que esta prohibición "no está amparada en norma legal alguna, al no constituir la ocupación ilegal de este tipo de viviendas una infracción administrativa en nuestro ordenamiento jurídico", por lo que mientras no se incluya esta sanción en alguna ley, el Ayuntamiento de Málaga debería suprimir este veto a los okupas.

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