La semana laboral de 35 horas para los más de 270.000 empleados de la Junta de Andalucía tiene los días contados. El Tribunal Constitucional (TC) anunció este lunes su suspensión cautelar tras admitir a trámite los dos recursos interpuestos por el Gobierno central el pasado 14 de julio. El Pleno del Alto Tribunal tomó la decisión el pasado miércoles y ahora debe ser comunicada al Senado y al Congreso, así como a la Junta y al Parlamento andaluz, para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Para ello cuentan con un plazo máximo de quince días, que empezará a correr una vez que llegue la disposición llegue a las partes y se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Este intervalo se interrumpe en agosto por ser mes inhábil, un hecho que concede margen "para presentar alegaciones y tener una ronda de diálogo" con el Gobierno central, según indicó este lunes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que tildó de "despropósito" el hecho de que se haya solicitado la suspensión cautelar en las impugnaciones promovidas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El primer recurso se dirige contra el decreto ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal de la Junta. El Ejecutivo central considera que esta norma vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y el real decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establecieron para todo el sector público la semana laboral de 37,5 horas.

Según el escrito, la modificación de la jornada semanal de los empleados públicos de la Junta sólo podría producirse con una norma estatal. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy alega que los trabajadores públicos no pueden estar sometidos a un régimen diferente en función de la comunidad en la que trabajen, ya que "todos los funcionarios" tienen que cumplir con las 37,5 horas, cuya "constitucionalidad y vigencia" fue ratificada por el tribunal de garantías.

El segundo recurso admitido por el Constitucional se refiere a dos artículos de la Ley de Presupuestos de Andalucía. El primero de ellos es el artículo 13, que habilita la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino para reforzar la plantilla, cuando sea necesario, por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales. Para el Ejecutivo central, la inconstitucionalidad de la 35 horas semanales implica también que haya que anular la habilitación presupuestaria que permite que se lleve a cabo. a cabo vulnera las competencias estatales.

El segundo precepto impugnado de los presupuestos se refiere al artículo 36, que autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta a dar anticipos a ayuntamientos y diputaciones a cuenta de la participación en los tributos del Estado. Para el Gobierno de Mariano Rajoy, la comunidad autónoma es un "mero intermediario de su asignación" sin más atribuciones competenciales. Fuentes del Ejecutivo andaluz expresaron su sorpresa por que esta disposición sea recurrida, ya que no es precisamente una novedad de los presupuestos de este año, sino que su regulación databa de 1989 y no había generado ningún problema desde entonces.

También se impugnan los anticipos a cuenta de los ingresos del Estado a municipios

El Alto Tribunal incidió este lunes en que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso". Los antecedentes no son halagüeños. El órgano judicial ya anuló el año pasado una disposición de Castilla-La Mancha similar a la andaluza.María Jesús Montero telefoneó este lunes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reclamar la apertura de un de negociación y que el Gobierno solicite el alzamiento de la suspensión cautelar, capacidad que puede ejercer en cualquier momento. Desde el Ejecutivo andaluz no se entiende que se frenen las 35 horas cuando el Gobierno anunció la pasada semana que baraja su implantación en 2018. Además, la Junta alega que el Estatuto Básico del Empleado Público ampara la capacidad normativa de las autonomías para determinar la organización de la jornada de su plantilla. Además, recalca que cuenta con capacidad económica para asumir la contratación del personal temporal e interino necesario porque cumple con los objetivos de estabilidad.

La retirada de la semana laboral de 35 horas no afecta a las oposiciones actualmente en marcha ya que fueron convocadas siguiendo la tasa de reposición máxima autorizada por el Ministerio de Hacienda, según señalaron fuentes del Gobierno andaluz.

La suspensión llega después de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se pronunciara a favor de las 35 horas y anunciara que había pedido al Gobierno central que no la incluyera en su recurso ante el TC. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que la intención del Ejecutivo central es "seguir dialogando y buscar puntos de encuentro de cara al futuro". Sanz señaló que fue "un error" la imposición de las 35 horas "de manera unilateral por parte de la Junta de Andalucía a través de la ley de presupuestos, sin establecer ningún diálogo con el Estado, que es la administración competente en esta materia.

El sindicato CSIF-A criticó la falta de sensibilidad del Ejecutivo central y anunció la convocatoria de huelgas y movilizaciones en septiembre. Por su parte, la coordinadora general de Podemos, Teresa Rodríguez, señaló que la medida demuestra el "carácter antiandaluz del Gobierno y del PP".