La Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada han destapada una trama de fraude a la Seguridad Social, centralizada en el sector agrícola granadino y que posteriormente se extendió a otras provincias españolas alcanzando nivel nacional. Se trata de la investigación de una serie de estafas que superarían el millón de euros, para tener acceso a prestaciones sociales por desempleo, así como de una red de falsificación de la regularización de extranjeros a través de contratos de trabajo fraudulentos.

Todo se inició hace año y medio cuando una de las oficinas de la Seguridad Social de Granada trasladó a la central provincial una posible irregularidad en las solicitudes de prestaciones sociales por desempleo. En concreto, se trataba de peticiones para cobrar el subsidio agrarario por el que se recibe la cuantía de 436 euros al mes durante un periodo de seis meses al año.

Numerosos extranjeros -en su mayoría, de nacionalidad marroquí- comenzaron a solicitar este subsidio para el que acreditaban exactamente 35 peonadas realizadas (se trata del mínimo de jornadas trabajadas en el campo para que aquellos trabajadores eventuales agrario puedan recibir la prestación).

Poco a poco, funcionarios de la Seguridad Social comenzaron a comprobar que todos los contratos llevaban la firma de una misma empresa de la zona norte de la provincia, cuya actividad principal no era la producción agraria, lo que hizo levantar la sospecha de que podría tratarse de un fraude.

Ante ello, se comenzó a preguntar a algunos de los solicitantes cuáles eran o dónde estaban las tierras en las que habían trabajado, pregunta que no obtenía respuesta alguna por parte de los implicados.

Posteriormente, las personas que iban a demandar esta presatación comenzaron a presentar las peonadas firmadas por una serie de extrañas empresas que carecían de documentos sobre su existencia o dirección, algo que hizo crecer la creencia de que podrían estar siendo falseadas.