Dependencia: 17 meses de dudas

  • Retrasos, confusión en los datos sobre los beneficiarios o incompatibilidades oscurecen la aplicación de la ley desde su entrada en vigor hace casi año y medio · Varias familias presentan demandas judiciales

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La Ley de Dependencia, aprobada por los principales grupos parlamentarios en el Congreso -salvo CiU y PNV-, no ha sido ajena a la polémica desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007. Las comunidades autónomas regularon su implantación y los ayuntamientos, último eslabón de la cadena, se quejan de la falta de recursos para hacer frente al esfuerzo presupuestario. En Andalucía, la Junta aplazó hasta agosto de 2007 el estreno de la norma y no fue hasta octubre cuando concedió las primeras ayudas económicas. Si bien, con datos oficiales, la comunidad andaluza cuenta con el mayor número de valoraciones realizadas y de prestaciones concedidas en la geografía nacional, la Administración es continuamente cuestionada, y no sólo por los partidos de la oposición. Algunas familias disconformes con la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía han acudido a los tribunales. Éstas son las confusiones y dudas más frecuentes que fomentan el debate:

calendario. Tienen derecho a recibir prestaciones desde el 1 de enero de 2007 los grandes dependientes, es decir, Grado III, Nivel 1 y 2. Y desde el 1 de enero de 2008 los dependientes severos, Grado II nivel 2, es decir, los más graves. Para 2009 accederán a los recursos de la ley los severos de nivel 1 y, a partir de 2010 y hasta 2015, se suman los dependientes moderados.

plazos. La Administración tiene tres meses desde que el demandante presenta su solicitud para valorar el grado de dependencia, si la tiene, y otros tres meses para concederle la ayuda que dictamine: asistencial, económica o ambas, dependiendo del régimen de compatibilidades. Los retrasos en la puesta en marcha de la ley, que la Junta achacó a la "avalancha" de solicitudes, se resolvieron con efecto retroactivo. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, se ha comprometido a recortar el proceso a cuatro meses.

cumplimiento. Con los datos del Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deporte, en Andalucía se han presentado 118.857 solicitudes, de las que se han valorado un 76,22%. De éstos, unos 40.000 dependientes reciben las prestaciones. El PP-A reduce las ayudas concedidas a un 15% de las 74.000 solicitudes presentadas y acusa a la Junta de "falsear" los datos, según informó ayer en rueda de prensa Antonio Sanz, secretario general del PP-A. La denuncia del PP: la Junta cuenta entre los beneficiarios a personas que ya recibían prestaciones antes de la aprobación de la ley.

incompatibilidades. Los problemas más recientes. Por ley, sólo el servicio de atención residencial permanente es incompatible con el servicio de teleasistencia, con el servicio de ayuda a domicilio y con el de centro de noche. En los demás servicios, las comunidades deciden. En Andalucía, una orden de agosto dictamina una serie de incompatibilidades entre recursos asistenciales o entre éstos y las pagas económicas. En marzo, tras una denuncia de discapacitados intelectuales, la Consejería corrigió la orden y compatibilizó la atención en centro residencial y la ayuda a domicilio.

Otra incompatibilidad es la imposibilidad de que los menores de 16 años reciban una prestación económica de asistente personal, al entender que están escolarizados y ya cuentan con este recurso en el centro. Se hace extensible a los discapacitados intelectuales, ya que entienden que éste no es el servicio apropiado para una persona con esta problemática. Una familia de Málaga denunció la pasada semana esta incompatibilidad.

En el caso de una madre de Granada, se ha retirado una paga económica a su hijo por considerar que es incompatible con el centro ocupacional al que éste asiste por las mañanas. Éste caso no está contemplado en la orden de agosto, que en su punto 7 establece que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo excepciones como los servicios de ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. El PP-A lamentó ayer que en Andalucía "se restringen derechos", exigió una modificación del desarrollo de la Ley y entendió que las familias acudan a los tribunales.

equipamientos. El PP-A aseguró que existe un "déficit" de centros residenciales de unas 20.000 plazas. Navarro informó ayer en Málaga de que Andalucía dispone de más de 35.100 plazas en residencias y casi 8.000 en unidades de estancia diurna (UED).

conflicto local . La consejera para la Igualdad y Bienestar Social ha responsabilizado en más de una ocasión a ayuntamientos gobernados por el PP de retrasar intencionadamente las solicitudes de dependientes que les llegan. Mercedes Colombo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz (PP) lamentó ayer que 103 personas de la capital han fallecido mientras esperaban la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA).

presupuesto. La Junta defiende que, al ser un derecho reconocido para los ciudadanos, el presupuesto se ampliará sin limitación con respecto a las necesidades que sobrevengan. En 2007 contaba con 128 millones de euros e incrementó la partida hasta 270 millones, más de un 110%, para el presente ejercicio. Antonio Sanz sólo se refirió ayer a la primera cantidad y exigió a la Junta que triplique la financiación para 2009.

leyes. La Junta tiene comprometida una ley autonómica de Dependencia para esta legislatura que, según ha expuesto Micaela Navarro, "incrementará el catálogo de servicios". Sanz urgió a la Administración andaluza a aprobar esta ley y demandó una reforma de la "obsoleta" Ley de Servicios Sociales de 1986.

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