La investigación judicial por el escándalo de los ERE fraudulentos ha dado un nuevo giro, una vez que el juez Iván Escalera, que sustituye a la magistrada Mercedes Alaya, decretase ayer el secreto de sumario de la causa para ampliar la investigación a tres nuevos delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El secreto de las actuaciones, que se ha acordado en principio por un máximo de un mes, pretende garantizar el éxito de las investigaciones, en las que ya se ha practicado al menos un registro fuera de Andalucía y que algunas fuentes apuntan a que ha tenido lugar en Madrid.

Fuentes judiciales explicaron ayer que el juez Escalera ha declarado el secreto de sumario con la finalidad de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda completar las diligencias de investigación que actualmente se vienen realizando. La decisión se produce tras la petición realizada precisamente por la Guardia Civil, que investiga a "personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados" que los investigadores entienden que deben ser esclarecidas en las diligencias, argumenta la resolución judicial.

Tras examinar la petición de los agentes de la UCO, el juez considera adecuado decretar el secreto de las actuaciones para "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones", que el magistrado no concreta en el auto para no frustrar la finalidad del secreto, "habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma", en alusión a las informaciones que se publican sobre este caso.

Para el juez, los hechos que se investigan ahora pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, y "podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial judicial, cuya finalidad no es otra que asegurar el valor constitucional de la Justicia determinando la existencia de delitos y en su caso la identidad de sus presuntos autores".

El magistrado acuerda asimismo extender la investigación "para el descubrimiento y esclarecimiento de presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales", relata Iván Escalera en la resolución. Con estos nuevos delitos, en estas diligencias previas figura ya una decena de posibles infracciones, ya que a muchos de los imputados, como los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, se le han atribuido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

La declaración del secreto de sumario implica que, a partir de ahora, sólo el juez y los fiscales delegados de Anticorrupción tendrán conocimiento de las diligencias que se practiquen. El auto concluye que, una vez se completen las investigaciones, se dará traslado de los resultados a las demás partes personadas en la causa cuando se levante el secreto, para que "puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción".

La causa de los ERE, que acumula ya más de 60 tomos y en la que están imputadas más de 60 personas, se comenzó a instruir en 2011, a raíz del escándalo de la comisiones ilegales descubierto en Mercasevilla y que ha terminado esta semana con la condena del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los ex directivos del Mercado Central Fernando Mellet y Daniel Ponce.