PROMETO combatir la corrupción desde todos los frentes como presidenta de la Junta". La frase, pronunciada ayer casi al principio de su discurso de investidura en el Parlamento andaluz, revela la preocupación y el propósito con los que llega a la Presidencia de Andalucía la sevillana Susana Díaz. La candidata, que será elegida a mediodía de hoy con los votos de los diputados del PSOE e IU, se declaró avergonzada por la corrupción que ha marcado los últimos años de la Administración autonómica socialista -sobre todo, por el escándalo de los ERE, que no citó- y decidida a erradicarla de la vida pública como fuente principal, junto a la opacidad, de la desafección de los andaluces hacia la política y los políticos. La parte más novedosa de su discurso ante la Cámara la dedicó precisamente a este asunto, concretando las medidas que adoptará en función de sus competencias y las propuestas que formulará en lo que afecta a otras instituciones del Estado: conceder a la Cámara de Cuentas facultades sancionadoras contra los responsables públicos que no rindan cuentas, prohibición de donaciones privadas a los partidos y mayor fiscalización de sus finanzas, y publicidad de las declaraciones de bienes de los cónyuges de cargos públicos de la comunidad. Con respecto a la opacidad de la Administración y su alejamiento de los ciudadanos, se comprometió a construir un Gobierno abierto, con publicación del orden del día de sus reuniones y los expedientes tramitados en ellos, mecanismos de participación ciudadana, evaluación permanente de las decisiones y medidas, y celebración de debates semestrales sobre la política andaluza. La segunda parte del discurso de investidura la dedicó Díaz a ratificar la vigencia de las políticas adoptadas por su predecesor, José Antonio Griñán, tanto en el plano de la estrategia económica como en el mantenimiento de los servicios sociales fundamentales, confirmando también su voluntad de resistencia y contraposición con la política del Gobierno de la nación, así como el rechazo a la proyectada reforma local y a las posturas soberanistas de los gobernantes de Cataluña. Por el contrario, apenas se acercó a las propuestas reiteradamente formuladas por sus socios de coalición de Izquierda Unida: se negó a aumentar la presión fiscal, aguó la idea de un banco de tierras prometiendo un nuevo observatorio al respecto y limitó el alcance de la palanca financiera pública propugnada por la coalición a un instituto de crédito andaluz destinado a financiar proyectos empresariales privados. El proyecto de Susana Díaz, en resumidas cuentas, continúa el de Griñán pero poniendo el énfasis en el combate contra la corrupción.