La Empresa del Suelo podrá endeudarse hasta 150 millones

  • La cifra supera el acuerdo entre Junta y Estado sobre el límite de endeudamiento

La Junta autorizará, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el establecimiento de operaciones de endeudamiento y préstamos a largo plazo para la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) hasta el límite de 150 millones de euros; hasta 215,5 millones para la sociedad Metro de Granada SA, y a RTVA o la Agencia de Obra Pública de la Junta (Aopja), en ambos casos por un volumen superior al Programa Anual de Endeudamiento acordado entre Junta y Estado. Según el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2013, de las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz, para este próximo año se facultará a EPSA para contraer préstamos con entidades financieras públicas o privadas hasta el límite de 150 millones de euros para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Empresarial de la RTVA tendrán la autorización para formalizar préstamos con entidades financieras públicas o privadas por un volumen de endeudamiento "superior al contemplado en el Programa Anual de Endeudamiento acordado entre Junta y Estado para las mismas, condicionado a que al cierre de cada ejercicio el saldo vivo de la deuda de cada uno de estos entes no supere el límite fijado por Hacienda". En cuanto al resto de agencias, se autorizará para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de "cubrir sus necesidades transitorias de tesorería". En ese caso, el límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza "será como máximo del 12% del conjunto de sus presupuestos de explotación".

Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz "deberán solicitar autorización previa de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones de endeudamiento".

Además, el proyecto de presupuestos contempla autorización a Hacienda para la enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2013.

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