El consejero de Vivienda, Juan Espadas, señaló ayer que la Junta de Andalucía "no admitirá presiones ni vulneración de las normas" por parte de los vecinos de Medina Azahara, en respuesta a las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en el entorno arqueológico, con cortes de carretera incluidos. El consejero resaltó que el Gobierno continuará con su objetivo de declarar de interés social las parcelas que rodean al yacimiento, y sobre las que se ha construido de forma ilegal en los últimos años, por lo que destacó que "se garantizará el interés colectivo por encima del privado".

Ayer precisamente se celebró una reunión entre los vecinos de la urbanización Las Pitas, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba en la que las instituciones públicas intentaron apaciguar a los afectados asegurando que no hay previsto un segundo plan de expropiaciones, donde se adquirirían las propiedades edificadas. No hubo papel firmado, ni más garantías de las precisas. Aun así, la asociación de vecinos salió de la reunión -casi tres horas duró el encuentro- con el convencimiento de que el camino iniciado no va a tener una continuidad, al menos a corto y medio plazo.

De todas maneras, la expectativa de que las instituciones, por separado o solas, realicen una estrategia para expropiar las viviendas, una política de alto presupuesto, preocupa más bien poco a los vecinos. Hoy, éstos tienen como prioridad número uno que se dote de servicios básicos a las urbanizaciones que no los tienen. Por eso Las Pitas lleva la voz cantante. Esta parcelación no recibe agua potable frente a la situación de otros enclaves ubicados dentro de Medina Azahara.