Financiando la desintegración

  • La España de las Autonomías ha sido un éxito a corto plazo pero también genera ineficiencias y una deriva centrífuga a raíz de la generalización de exigencias

La historia de la España de las Autonomías es la de un éxito a corto plazo y, me temo, de la desintegración de España a medio plazo. El éxito ha consistido en conducir reivindicaciones de comunidades históricas sin graves convulsiones sociales y en generalizar un proceso de descentralización que ha corregido con creces la ineficiencia del centralismo franquista. Pero el proceso autonómico ha generado nuevas ineficiencias y una deriva centrífuga por las crecientes exigencias de autonomía derivadas de la lógica del proceso, en el que las conquistas autonómicas de Cataluña y el País Vasco, al generalizarse a todos los territorios del país, han propiciado nuevas demandas de autonomía en un proceso sin fin.

Las exigencias de diferenciación se han producido de forma distinta en Cataluña y en el País Vasco. En este segundo de una forma más radical y directamente política con la reivindicación independentista presente desde casi los comienzos del periodo, mientras que en Cataluña las exigencias de diferenciación han sido más graduales, aunque los gérmenes de independentismo hayan estado presentes en sectores de la población y hayan ido adquiriendo peso a lo largo del proceso. La desigual forma en las que las reivindicaciones de mayor autonomía se han expresado en Cataluña y en el País Vasco se explica por su historia y su idiosincrasia, pero muy especialmente por un hecho institucional de la máxima importancia recogido en la Constitución: el reconocimiento de los fueros históricos del País Vasco, lo que le dota de una soberanía fiscal que eleva su gasto público por habitante muy por encima del resto de las comunidades y prácticamente le libera de obligaciones redistributivas con el resto de España.

Es por ello por lo que mientras que las reivindicaciones vascas han sido predominantemente de mayor autonomía política, la catalana lo ha sido de mayor autonomía financiera. Y para ello Cataluña ha tenido que concentrar su energía en el debate sobre la financiación autonómica, del que ha sido siempre el motor de los cambios de los modelos habidos desde la LOFCA.

Ahora de nuevo nos enfrentamos ante una nueva reforma del sistema de financiación autonómica obligados por los compromisos parlamentarios adquiridos al aprobar la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, y ante un nuevo tour de force que, sin aceptar los deseos maximalistas de asemejarlo al modelo foral, impida cuando menos que la "desafección" de los catalanes no aumente la deriva independentista. El argumentario y la letra pequeña de estos procesos negociadores son complejos. Entre ellos cobra vigencia el debate sobre la solidaridad. Desde las comunidades menos desarrolladas y más beneficiadas por el sistema de financiación autonómico se levanta la bandera de la solidaridad y se argumenta que estos territorios también han beneficiado históricamente a las comunidades más desarrolladas (como Cataluña) por la unidad de mercado, que ha proporcionado fuerza de trabajo y mercado para favorecer su desarrollo, incluso legislación proteccionista con efectos desiguales en el territorio. Los catalanes (educados) comparten la oportunidad de los mecanismos de solidaridad, pero se cuestionan el cuánto y el para qué de la solidaridad. Respecto a lo primero argumentan que por qué es solidario transferir un 9% de la renta y no lo es si se transfiere el 8%, ¿quién determina cual es el umbral de la solidaridad?, y en cuanto a lo segundo comparten la oportunidad de asegurar una dotación adecuada de bienes preferentes (educación, sanidad y otras políticas sociales) a todos los territorios de España, pero que las políticas singulares que quieran aplicar los gobiernos regionales deben buscar otras fuentes de financiación.

Un reconocido y hábil economista (Ángel de la Fuente) proporcionó munición a las comunidades que se benefician de transferencias de renta según las balanzas fiscales: el mecanismo redistribuidor se basa en un sistema fiscal que grava a las personas y a los actos económicos de forma independiente de donde vivan, por lo que la solidaridad es entre las personas, no entre los territorios. Pero, ¿qué son los territorios sin las personas? Si en un determinado territorio el nivel de renta es más elevado, el conjunto de personas que viven en ese territorio (¿no es esto lo mismo que una comunidad?) siempre transferirán renta a los de menor nivel de desarrollo. Este mecanismo no sería aceptable para los ciudadanos que viven en cualquier parte de España si la transferencia de renta se dirigiese a otros países, por lo que detrás de esa diferente forma de ver el problema se encuentra el ser miembro de una misma nación o no, percepción que es desigualmente sentida por buena parte de los catalanes y vascos que en el resto de España.

En consecuencia, el problema es esencialmente político y todos los intentos de dotar de racionalidad económica el sistema de financiación autonómica lo que tratan es revestir acuerdos que son esencialmente políticos. Por ello, si no es el momento político adecuado o no existe la energía para abordar el problema de fondo, sólo nos queda postergar la solución con el menor daño posible para las comunidades menos afortunadas, para lo que las propuestas básicas defendidas por la Junta de Andalucía (reparto de fondos en relación a la población como criterio básico y mantenimiento de un fondo de convergencia o nivelación) son las más convenientes, si bien el aumento de la llamada corresponsabilidad fiscal (porcentaje del IVA e IRPF que reciben las comunidades) puede ser un arma peligrosa por la previsible generación de excedentes fiscales en las comunidades más ricas que potencialmente podrían ser objeto de negociación en el futuro.

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