La Fiscalía ha abierto diligencias en un 26% de los accidentes laborales

  • Desde 2004, se ha abierto en Andalucía un total de 629 diligencias previas a partir de paralizaciones de obra y accidentes, lo que supone un 26% de los 2.388 partes emitidos

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha explicado hoy a los periodistas que la apertura de estas diligencias "es el último paso y supone un hito" porque "la Justicia y la administración han entrado en el tema de la siniestralidad laboral", a la vez que ha apostado por "una cultura preventiva".

Fernández ha inaugurado hoy en Córdoba las "IV Jornadas de especialización de fiscales en materia de siniestralidad laboral", en las que se ha abordado el convenio que mantiene la Junta de Andalucía con la Fiscalía desde 2004 para luchar contra la siniestralidad laboral.

Este acuerdo incluye el compromiso de la Junta de comunicar con carácter urgente a los ocho fiscales especializados en siniestralidad laboral las situaciones de emergencia en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, así como los accidentes muy graves o mortales en el momento que se tenga conocimiento de los mismos sin necesidad de que exista denuncia previa.

De las 2.388 comunicaciones citadas, 543 fueron por accidentes mortales, 254 por siniestros graves, 1.156 por otras situaciones de alerta y 435 partes por paralizaciones.

Por su parte, el fiscal de la Sala de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General de Estado, Juan Manuel Oña Navarro, ha indicado que existe "una buena legislación, pero hay que controlar su aplicación".

Oña ha destacado que los datos a nivel nacional de 2007 respecto a 2006 indican una tendencia descendente que se acentúa en el caso de accidentes mortales, donde la reducción ha sido "muy importante", casi del 13 por ciento, ya que pasaron de 966 en 2006 a 844 en 2007.

Igualmente, ha resaltado que el convenio con la Junta "fue pionero" y se desarrolla en materia de información, cooperación y formación.

El consejero ha anunciado la creación de un registro andaluz de empresas acreditadas para subcontratar en el sector de la construcción, con el objetivo de impedir que las empresas que no estén en el mismo puedan subcontratar.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, ha apostado por una ley que aprobara una segunda instancia y que permitiera que en casos divergentes hubiera un recurso de apelación ante el TSJA.

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