La Fiscalía abre diligencias en el 26% de los accidentes laborales

  • Las constructoras no acreditadas tendrán prohibido subcontratar

Desde 2004, la Consejería de Empleo ha presentado a la Fiscalía un total de 2.388 partes de paralizaciones de obra y accidentes muy graves o mortales, lo que tuvo como consecuencia la apertura de diligencias previas por parte del Ministerio Público en 629 casos, el equivalente a un 26% del total. El consejero de Empleo, Antonio Fernández destacó ayer en Córdoba que estos resultados son fruto del convenio de colaboración, "el primero en España en esta materia", que mantienen la Junta y la Fiscalía para la lucha contra la siniestralidad. Hasta finales de 2007, Empleo trasladó 2.388 comunicaciones, de las que 543 fueron por accidentes mortales; 254 por siniestros muy graves; 1.156 por otras situaciones de alerta y 453 por paralizaciones de obra.

El consejero, que intervino en las cuartas jornadas de especialización de fiscales en materia de siniestralidad laboral, consideró "satisfactorio" el resultado del convenio firmado con el Ministerio Público y anunció que la Junta estudia la posibilidad de establecer una línea de comunicación telemática para el asesoramiento específico de los fiscales especializados por parte de los técnicos de los centros de prevención de riesgos laborales.

La Junta prepara la "inminente aprobación" de la orden por la que se creará el Registro Andaluz de Empresas Acreditadas para subcontratar en el sector de la construcción, con el fin de que pueda ponerse en funcionamiento en el menor plazo posible. El nuevo registro impedirá que las empresas no acreditadas puedan subcontratar, advirtió Fernández.

En el encuentro también intervino el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, quien mostró su preocupación por la excesiva dilación temporal de algunos procesos, como en el del accidente en el viaducto de la A-7 en Granada que costó la vida a seis trabajadores. "Se trata de un fenómeno criminal que afecta a intereses que tienen que ser combatidos con el derecho penal", sostuvo el fiscal jefe, quien lamentó que estos siniestros tienen "raíces profundas en la realidad criminal española".

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