La comunidad más castigada por el paro vuelve a impartir cursos de formación para desempleados tras cinco años de paralización. Un total de 22.380 parados se beneficiarán de unas acciones formativas que estarán a pleno rendimiento el próximo mes de septiembre, según anunció ayer el nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, tras participar en su primer Consejo de Gobierno junto al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Los cursos de formación para desempleados corresponden a la convocatoria lanzada en septiembre de 2016 y cuentan con un presupuesto de 64,9 millones de euros. Se trata de la primera adjudicación a cargo de las ayudas licitadas el pasado año por un importe de 142 millones. Éstas también comprenden otras dos líneas destinadas a escuelas taller y cursos para ocupados, dotadas con 49 y 20,6 millones respectivamente, que aún están pendientes de resolución.

Según datos de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, el próximo martes entrará en funcionamiento la aplicación informática que permitirá iniciar el proceso de presentación de solicitudes y la difusión de los cursos. La Consejería trabaja con la previsión de que los cursos estarán "a plenitud" en septiembre, "aunque algunos cursos podrán ir iniciándose antes". Su distribución por provincias se ha acometido en función del número de desempleados.

Reparto de los cursos de formación

Los cursos de formación profesional para el Empleo llevan paralizados desde finales del año 2011, después que se detectaran señales de un posible fraude, lo que llevó a la Junta a revisar casi 42.000 expedientes acumulados a lo largo de la década anterior. El Gobierno andaluz tiene abierto un proceso interno para recuperar fondos de algunos de los cursos afectados por irregularidades. Hasta el momento ha reintegrado un total de 8,7 millones de euros, según indicó en su última comparecencia en comisión parlamentaria el anterior titular de Empleo, José Sánchez Maldonado.

La adjudicación de los cursos de formación para desempleados se ha prolongado durante casi un año debido a que la Junta modificó el procedimiento, adaptándolo a la nueva Ley de Formación Estatal. "Se ha llevado a cabo con todo el rigor administrativo", insistió Carnero, que resaltó que su departamento adoptó "todas las cautelas que hay que tomar" para evitar incidencias. Así, los nuevos programas formativos han contado con criterios de baremación para fomentar la existencia de concurrencia competitiva en la adjudicación.

Además, se ha puesto en marcha una única forma de pago en tres plazos: un 25% con la concesión; un 35% cuando comiencen a impartirse los cursos, y un 40% cuando se constate que se han realizado. La justificación final, validada por la Intervención General de la Junta, se realizará mediante la presentación de la cuenta final de la actuación y el informe de un auditor en un plazo inferior a tres meses desde que haya acabado la acción formativa.

En cuanto a si las empresas que han sido investigadas por presuntas irregularidades en la formación en años anteriores pueden optar a la nueva convocatoria, el vicepresidente de la Junta señaló que se el Gobierno andaluz se ha atenido "a las limitaciones que marca la ley". Jiménez Barrios sostuvo que si una empresa ha sido condenada por alguna actuación fraudulenta no podrá presentarse. En cambio, si a una empresa se le ha exigido un requisito en firme y ya lo ha reintegrado, sí podrá presentarse.