El Gobierno cierra un acuerdo con la Junta que evita llevar al TC la ley de abusos hipotecarios

El Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de la Ley andaluza para la protección de los derechos de consumidores y usuarios en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, aprobada por unanimidad en mayo de 2016. El pacto evitará que el Ejecutivo central recurra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

La Administración General del Estado había expresado "discrepancias competenciales" sobre una decena de artículos y acordó con el Gobierno de la nación designar un grupo de trabajo que finalmente ha cerrado un acuerdo sobre la interpretación de la norma el pasado 9 de marzo.

Dicho acuerdo, rubricado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, da por superadas las "discrepancias competenciales manifestadas".

El escrito establece, entre otras cuestiones, que "ambas partes consideran adecuado modificar" la ley andaluza de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, para adaptar el concepto de consumidor que contempla la norma estatal.

Además, para "garantizar la salvaguarda de las competencias del Estado" la Junta cambiará varios artículos de forma que se adapte a la legislación básica que se dice tras la transposición al derecho español de la directiva europea e se adapten a la legislación básica que se dicte por el Estado para la transposición de la directiva europea de crédito hipotecario. Asimismo, Gobierno y Junta "coinciden en considerar que la referencia a las cláusulas abusivas contenida" en la disposición adicional primera de la ley andaluza atañe "a aquellas que hayan sido calificadas como tales en la normativa estatal o por los órganos jurisdiccionales".

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