El Consejo de Gobierno acordó ayer manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas tributarias en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

A juicio del Ejecutivo, la memoria económica de la proposición de ley es una sucesión de afirmaciones generales "carentes de rigor", que no recogen ni el impacto financiero de cada medida ni el número de obligados tributarios que estarían afectados, según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que insistió en que la iniciativa es "prácticamente idéntica" a la presentada por la formación popular el 27 de octubre de 2015 y que, como entonces, incurre en "errores formales", como omitir la palabra renta al referirse al IRPF.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la formalización de una operación de préstamo por importe de 217,5 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que establece unas condiciones más ventajosas que las que ofrece el Ejecutivo central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así, la citada operación de préstamo tendrá un plazo de amortización de 20 años, con cinco de carencia, y un coste de 30 puntos básicos por debajo del de la financiación del Tesoro Público.