El hotel de 411 habitaciones que la promotora Azata intenta construir en la playa de El Algarrobico permaneció cubierto ayer por 18.000 metros cuadrados de lona verde. Un grupo 60 miembros de la organización ecologista Greenpeace se ocupó a lo largo de cinco horas de colocar esta nueva piel con la que intentaron realizar lo imposible: camuflar en el paisaje protegido de Cabo de Gata esta mole de 22 pisos de altura construido a 14 metros de la orilla. Los ecologistas, con la cuarta acción que desarrollan en esta playa de Carboneras, quisieron denunciar la desidia que a su juicio están mostrando las administraciones y que temen que lleve a que finalmente no se termine derribando el edificio. "Desde que llegaron las nuevas responsables de Medio Ambiente al Ministerio y a la Consejería lo único que vemos es una actitud pasiva y de desidia, en lugar mostrar el liderazgo de los poderes públicos para expropiar esta finca por su utilidad pública", manifestó Pilar Marcos, la responsables de costas de Greenpeace, tras desplegar una pancarta de 370 metros cuadrados con el mensaje "Parque natural sin hotel ilegal".

El motivo de la protesta de la ONG nace de un dictamen de la Abogacía del Estado del pasado noviembre en el que recomienda al Gobierno central desistir del proceso de expropiación de la finca que había comenzado la pasada legislatura a la espera de que se resuelva judicialmente la validez de la licencia de construcción concedida por el Ayuntamiento de Carboneras. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería anuló el pasado septiembre la licencia de obras, decisión ahora recurrida ante el Alto Tribunal Andaluz.

"Con doce pronunciamientos judiciales a favor es difícil entender que el Ministerio se escude en que todavía necesita más para demoler el hotel", respondió Marcos. La responsable de Greenpeace recordó además las palabras de la consejera andaluza Cinta Castillo argumentando que serán los jueces los que decidan cuándo debe demolerse el hotel y por quién.

El Ministerio remitió una nota ayer mostrando su disposición a colaborar con la Junta para proceder al derribo del edificio "en cuanto haya culminado el procedimiento judicial en curso". Desde la Consejería de Medio Ambiente optaron por no valorar la protesta de los ecologistas.