No es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. IU se ha tenido que enfrentar por primera vez a no preparar una enmienda a la totalidad sino a participar en la elaboración de unos presupuestos autonómicos. Lo ha hecho y se ha dejado notar. Para empezar, porque ha logrado incorporar al lenguaje del PSOE el término de lucha contra la pobreza. La realidad también es tozuda y obliga: en Andalucía, según Cáritas, un 35% de su población es pobre, un 34,9 de la población activa está sin empleo, según la EPA, y son 400.000 las familias sin ingresos de ningún tipo. Pero también ha incorporado el concepto a los presupuestos y se ve en uno de los programas estrella: el plan extraordinario de acción social.

Este plan, dotado con 60 millones, tiene como objetivo los parados de larga duración y las mujeres en riesgo de exclusión social por ser víctimas de violencia de género. Es un avance hacia la Ley de Renta Básica que IU tiene como seña de identidad en todos sus programas electorales, y que logró amarrar en forma de compromiso al PSOE en el pacto de gobierno que firmaron en abril. En ese documento se reduce a la creación de un grupo de trabajo para analizar la legislación nacional e internacional que hay sobre la materia. El programa, aunque es un primer paso hacia la renta básica, no supone la eliminación del salario social, que estos presupuestos crece a 70 millones, ante la previsión de un aumento de los solicitantes.

Pero si lo principal es tener ingresos, también lo es la vivienda y la alimentación. En lo primero, desde su consejería de Fomento y Vivienda, IU ya viene trabajando desde hace meses sobre los desahucios, pero en lo segundo, lo que sí ha logrado plasmar en las cuentas para 2013 es una partida de 20 millones para una red de solidaridad alimentaria. Al margen de la ayuda a los bancos de alimentos, esta iniciativa busca el acercamiento del consumidor al pequeño productor.

Lo que también está sin desarrollo presupuestario, pero ya cerrado entre PSOE e IU es la creación de un banco de crédito andaluz. La propuesta, lanzada en la anterior legislatura por IU, y que Griñán incorporó después a su campaña electoral, se convirtió también en uno de los ejes del pacto y ya está materializado en una proposición no de ley aprobada por el Parlamento. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, confirmó ayer que podría estar listo para el próximo ejercicio, aunque "hay que concretar la idea". El escollo puede estar en que IU quiere ir un paso más allá y que no sea un banco o un instituto de crédito, sino que pudiera ponerse en marcha bajo la fórmula de una caja popular.

La otra propuesta, también sin concreción presupuestaria, es la creación de un banco de tierras. Tampoco haría falta, porque se trata de una medida con coste cero para la Administración autonómica, pero que en cambio sí generaría empleo en el sector agrícola, estratégico al estar a la cabeza de las exportaciones andaluzas.

Donde IU sí se ha tropezado con la negativa de su socio es con la subida de impuestos o la creación de otros nuevos. Por el momento, la clave en la que está Hacienda es la de aceptar un impuesto específico para las grandes superficies que plantea la coalición de izquierdas, y cuya recaudación sería finalista, ya que iría a compensar al pequeño y mediano comercio que está siendo más sacudido por la crisis. Las otras tasas que IU sugiere y, por ahora, sin eco en los presupuestos, es la creación de nuevas figuras que graven las viviendas vacías, a los grandes propietarios de terrenos en desuso y depósitos de residuos en vertederos.