A la hora de pagar impuestos no es lo mismo vivir en Andalucía o en Extremadura que en Madrid o en Castilla y León. La progresiva cesión a las comunidades autónomas de capacidad normativa y recaudatoria sobre determinados impuestos de ámbito estatal hace que los ciudadanos se vean sujetos a una presión fiscal muy diferente en función de su lugar de residencia.

Un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), órgano dependiente del Consejo General de Economistas, indica que los andaluces tributan muy por encima de la media española a la hora de abonar los impuestos de Donaciones y Sucesiones, IRPF, Actos Jurídicos Documentados y de Transmisiones Patrimoniales. Únicamente en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio se puede afirmar que la Junta de Andalucía aplica una presión fiscal próxima a la media del conjunto de comunidades que participan en el régimen general. País Vasco y Navarra quedan fuera del estudio al tratarse de comunidades forales, con un sistema tributario propio.

El informe, hecho público hace unos días, muestra que en el caso del Impuesto de Sucesiones -cedido por el Estado en su totalidad a las comunidades- una familia con viuda y tres hijos con residencia fiscal en Andalucía debería abonar para recibir la herencia una cifra casi 900 veces mayor que una de Castilla y León, o que en el caso del IRPF -del que las comunidades autónomas tienen cedido un 33 por ciento, con capacidad para establecer deducciones- el pago puede ser un 30 por ciento superior en Andalucía que en la Comunidad Valenciana.

La principal razón que explica estas diferencias es que la Junta, en contraste con otras administraciones regionales, apenas si ha hecho hasta ahora ejercicio de sus posibilidades normativas al regular los impuestos cedidos, de tal suerte que las deducciones previstas están sujetas a condiciones tan restrictivas que los contribuyentes casi no pueden acogerse a ellas.

El análisis del Reaf no entra a valorar la política fiscal de cada comunidad, pero sí realiza una serie de consideraciones críticas ante el "ejercicio desmesurado de la capacidad normativa", que "produce una cierta inseguridad jurídica, incrementa la presión fiscal indirecta y los costes administrativos".

Entre las recomendaciones realizadas figura una "imprescindible y urgente redifinición del marco impositivo" de las comunidades y de las entidades locales, con "una nueva cesta de impuestos" en manos de esas administraciones "en la que ganen peso los impuestos propios y la participación en tributos estatales como IRPF, IVA e impuestos especiales, perdiendo importancia el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados", además de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.