Andalucía recibirá este año casi 18.300 millones de euros por el sistema de financiación autonómica, lo que supone 835 millones más que en el ejercicio anterior, según la información de las entregas a cuenta y la previsión de liquidación de 2015 que el Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó ayer a las comunidades autónomas con casi nueve meses de retraso. En total, el Gobierno transferirá a las regiones de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra- un total de 99.822 millones, 5.386 más que en 2016, siendo Cataluña la más beneficiada, con 18.576 millones de euros.

La mejora se debe fundamentalmente al incremento de la recaudación de los tributos que forman parte de la cesta de la financiación autonómica, pero la Junta sólo se va a beneficiar parcialmente de ella. La regla de gasto obligará a la Administración regional a destinar parte de esta cifra -concretamente, 375 millones- a la reducción de su endeudamiento y financiar déficit. El resto -460 millones- sí que se podrá usar para gasto corriente e inversiones. Sin embargo, no supondrá apenas cambios en los presupuestos regionales ya que el Gobierno andaluz había previsto ingresar algo más de 440 millones por este concepto. Al no poder contar con la información del Ministerio el pasado verano , la Consejería de Hacienda se había visto obligada a elaborar su propia estimación con el fin de no retrasar la aprobación de sus cuentas.

"Ése es el dinero que ya habíamos previsto en el pasado mes de diciembre cuando se aprobaron los presupuestos de la comunidad", señaló la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que explicó que la Junta sólo podría disponer de los 835 millones si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "enviara una carta anunciando una flexibilización de la regla de gasto", tal y como se le ha reclamado desde la Junta en varias ocasiones.

El Ejecutivo andaluz cree que no es momento de aplicar la regla de gasto. "Nos tienen que dejar gastar todo el dinero en lo que el Gobierno central llama inversiones financieramente sostenibles, porque hoy no lo podemos hacer", recalcó Montero, que censuró "la permanente trampa a la que nos tiene sometido el Gobierno central".

Además, la Junta sospecha del uso de la comunicación de las entregas a cuenta como "parche para apagar el incendio" causado por las inversiones recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, según denunció el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que insistió en el "agravio" para la comunidad por la falta de disponibilidad financiera para el ferrocarril Algeciras-Bobadilla.

El ministro de Hacienda replicó ayer las críticas a las inversiones que recogen los Presupuestos e instó a las comunidades autónomas a actuar con "responsabilidad" y a "leer correctamente" las cifras. En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha insistido en que las inversiones territoriales "no bajan", sino que "suben respecto a lo ejecutado". Además, deslizó que durante sus conversaciones con responsables autonómicos. éstos le mostraron su preocupación por los "funcionarios y la financiación autonómica, y no tanto por esas inversiones territoriales".

Pero a Montoro se le abre también el frente local. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó ayer por unanimidad una resolución contra los presupuestos que contó también con el apoyo del Partido Popular. El presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, denunció que los municipios no pueden reinvertir el superávit de más de 7.000 millones que lograron en 2016. Caballero señaló a una "trampa" incluida en la disposición adicional 92 del proyecto de presupuestos que obliga a las administraciones locales a gastar estos fondos en 2017. Dado que los presupuestos no se aprobarán antes del 30 de junio, "es puramente imposible contratar y ejecutar en seis meses".