La consejera de Educación, Teresa Jiménez, ha advertido que la Junta abrirá un expediente a los centros públicos y concertados que no aporten todos los datos requeridos sobre violencia escolar con el fin de que se registren en el programa Séneca. Esta advertencia llega tras la circular que la Federación de Enseñanza Religiosa (FERE) en Andalucía ha enviado a los colegios católicos de Sevilla donde informa de que "no existe base jurídica suficiente que ampare la obligación legal de la grabación de las conductas gravemente perjudiciales".

El programa Séneca es un fichero digital donde la Consejería de Educación tiene registrado todos los datos sobre diversos asuntos relativos a la enseñanza: procesos de escolarización, gratuidad de libros de texto, consignación de memorias educativas y nivel de conflictividad en los colegios. Referente a este último punto un servicio de inspección de la Delegación de Educación ha requerido a los colegios de financiación pública la grabación en el Séneca de las conductas perjudiciales para la convivencia. Se pide el levantamiento de acta y la firma de un documento en el que el centro se comprometa a la grabación.

Este requerimiento ha sido la causa de la circular enviada por FERE en la que sus asesores jurídicos, además de señalar que no existe base jurídica para ello, advierten que los datos personales de los alumnos agresores quedan unidos a su expediente académico. Una información "a la que puede acceder cualquier persona" a través de la clave utilizada por un colegio para entrar en el programa Séneca.

En este sentido, José María Fernández, secretario general de la FERE en Andalucía, ha subrayado que la intención de la federación "no es boicotear la elaboración del Séneca, sino detectar los casos de violencia escolar", e incluso, en la misma circular, proponen otras medidas para abordar la problemática. "El único punto -agrega- en el que discrepamos con la Junta es en la aportación del nombre y apellido de los agresores, porque nos parece una información muy delicada que afecta al futuro del menor".

Fernández mantuvo ayer una reunión con varios directivos de la Consejería de Educación en la que, entre otros temas, trataron el de la información requerida por los inspectores de la delegación. Según el secretario general de FERE , "hay un acercamiento de posturas", por lo que se llegará a un acuerdo sobre la aportación de datos personales de los agresores en edad escolar.

Una negociación que fue desmentida por Teresa Jiménez, quien aseguró que sólo en el caso de no llegarse a un acuerdo se celebraría una comisión de conciliación para debatir el tema. La consejera avala la legalidad del requerimiento "por venir establecido en el decreto de convivencia".

Detrás de esta polémica se encuentra la escasa información sobre los casos de acoso escolar que se producen en los colegios concertados, que hasta ahora no están saliendo a la luz pública.