La Junta impugnó 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín en 2004

  • Queda en libertad uno de los 13 detenidos del caso de corrupción en la localidad malagueña.

El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Este sábado se ha conocido que la Junta de Andalucía impugnó en 2004 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), cuyo alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), fue detenido ayer junto a otras 12 personas en una operación contra la corrupción urbanística. Precisamente hoy ha quedado en libertad uno de los detenidos por el caso, la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial. 

La 'Operación Arcos', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, ha llevado al PP a criticar el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado". La investigación ha contado con la activa colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía. 

La operación desarrollada desde por la Guardia Civil en las provincias de Huelva y Málaga, con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo, se ha saldado por el momento con 13 personas arrestadas, aunque no se descartan más detenciones.

Uno de los 13 detenidos ha sido liberado tras ser interrogado por la Guardia Civil. Se trata de la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, ambos detenidos durante el día de ayer, al igual que el alcalde del municipio, José Manuel Martín, y dos de sus hijas, el dueño de una asesoría jurídico-fiscal, y una serie de promotores y constructores. El resto de detenidos en el transcurso de la investigación permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, a espera de pasar a disposición judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que entre 2003 y 2006 se tramitaron cerca de 800 denuncias en toda la comarca de la Axarquía y la Junta interpuso 85 recursos contencioso-administrativos para impugnar licencias concedidas irregularmente, por lo que aseguró que "es absolutamente falso que no se tramitaran denuncias". Además, apuntó que hasta 2006 no se creó la Dirección General de Inspección Urbanística, mientras que en la zona en cuestión "entre 2002 y 2005 se produce un crecimiento poblacional del 60%, ligado a la proliferación de construcciones ilegales".

El consejero mostró su "absoluto respeto y colaboración con la justicia" y señaló la conveniencia de "esperar a ver qué identificaciones de responsabilidades se hacen" en un caso que recordó que está bajo secreto de sumario. En este sentido, apuntó que cuando se levante el secreto de sumario se podrá comprobar si los delitos que se imputan tiene como base "algunas de las impugnaciones que hizo la Junta, si son los mismos casos".

No obstante, aseguró que "se ha evolucionado bastante" y que "se ha reforzado la capacidad en las impugnaciones" con la puesta en marcha de la Dirección General de Inspecciones y con la aprobación de planes de inspección municipal en algunas localidades. Recordó además que el control urbanístico le corresponde a los ayuntamientos, en primera instancia, y a la Junta en aplicación de la protección medioambiental o territorial.

En su opinión, todo esto demuestra que "lo que hace dos o tres años se discutía por parte del PP, que la Junta había endurecido demasiado las normas urbanísticas, estaba justificado", por lo que "habrá que recordárselo a los que no apoyaron un modelo de ordenación urbanística más exigente, que no se echen ahora las manos a la cabeza".

A pesar de que esta semana las cúpulas socialistas y popular celebraron una reunión para establecer un clima de diálogo y acuerdos, la 'Operación Arcos' sirvió para que los dos principales partidos de la provincia se echasen en cara la actitud que mantienen unos y otros cuando saltan casos de corrupción urbanística. El PSOE reaccionó ante lo sucedido tirando del argumentario del partido: "Tolerancia cero con los casos de corrupción urbanística", y se asegura en que se expulsará de la formación a todos aquellos militantes que estén imputados en la operación. Desde el PP, por su parte, se insistió en la tesis de que esto "se veía venir". 

En este contexto el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que el Grupo Popular en el Parlamento andaluz solicitará la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir sobre la "desastrosa" ordenación urbanística ante los últimos casos de corrupción. Arenas señaló la necesidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asuma su "responsabilidad política directa", ya que "había decenas de denuncias de ecologistas y del Colegio de Arquitectos pero, como ocurrió en Marbella y en Estepona, se ha mirado para otro lado".

Asimismo, lamentó que esto da "una imagen muy mala de Andalucía" y criticó el "gesto" del alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba (PSOE), cuando fue detenido ayer, lo que, a juicio del líder de los populares andaluces, es muestra de "prepotencia, arrogancia e impunidad". "Me ha llamado la atención su gesto, otros no pueden hacer nada porque los llevan esposados", agregó Arenas, quien insistió en que "gravísima responsabilidad política" que se deriva de este caso.

Desde IU de Málaga se considera lamentable todo caso de corrupción y se pide a PP y PSOE que aborden cuanto antes "los problemas de corrupción que asolan a ambos partidos". "Los populares y socialistas deberían aprovechar la buena sintonía que parece haber últimamente entre sus líderes en Málaga para tratar este tipo de problemas y conseguir que en toda lo provincia no haya cabida para ningún tipo de corruptos, independientemente del partido al que pertenezcan", aseguró el coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga, José Antonio Castro.

Asimismo, señaló que espera que este nuevo caso de corrupción no sirva como "arma arrojadiza" entre ambos partidos, "que es a lo que nos tienen acostumbrados", y añadió que la colaboración con la Justicia debe ser "máxima" para que así se pueda llegar "al fondo de la cuestión". 

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