Andalucía

La Junta mediará en los créditos que la banca niegue a los promotores de VPO

  • La Consejería de Vivienda y la Federación de Cajas Andaluzas pactan la creación de una comisión de trabajo para analizar la financiación · Espadas quiere suscribir este acuerdo también con los bancos

Tres meses después de que 33 entidades financieras firmaran un convenio con la Junta para la puesta en circulación de 9.550 millones para la construcción de VPO y para sus compradores, el crédito no parece fluir como debería. Los promotores critican que la banca no les esté dando dinero, pero ésta niega que haya cerrado el grifo. Para salvar este escollo, la Consejería de Vivienda dio ayer un primer paso: acordó con la Federación de Cajas de Andalucía (FACA) la creación de un grupo de trabajo que analizará caso por caso e intervendrá para solucionar los posibles problemas de financiación.

Este papel de intermediario que asumirá ahora Vivienda no se limitará a las cajas andaluzas. La previsión del titular de este departamento, Juan Espadas, es ampliar este acuerdo al resto de entidades firmantes de aquel convenio, es decir, bancos y cajas foráneos, en especial, BBVA y La Caixa, que son los que más dinero comprometieron. El primer frente ha sido el sistema financiero andaluz porque es éste el que mayor volumen de dinero puso entonces sobre la mesa, con 5.000 de los 9.550 millones -53%-, amén de la facilidad de tener un sólo interlocutor, en este caso, el presidente de la FACA y de Unicaja, Braulio Medel.

La función de estos grupos de trabajo será realizar un seguimiento de las promociones de vivienda protegida que ya cuentan con la calificación provisional de la Administración autonómica -en 2008 se calificaron 14.000 y se prevé para 2009 la calificación de unas 24.000- y agilizar los posibles problemas de liquidez y definir la solución. Es decir, se llegará hasta el por qué de la negativa a un crédito, si es por falta de solvencia del constructor o por un exceso de celo de la entidad financiera, y se buscará una salida. En ningún momento este papel de intermediación de la Junta significará una injerencia en las relaciones privadas que siempre deben existir entre promotor y entidad.

Esta operación resulta vital en estos momentos no sólo por dar una respuesta a la demanda de VPO, sino para paliar los efectos del parón inmobiliario que han llevado a los promotores a abandonar sus proyectos de renta libre por otros que gozan de algún sistema de protección para así mantener la actividad y el empleo.

Los grupos de trabajo, que no estaban previstos, se crearán al margen de la comisión de seguimiento que implicaba aquel acuerdo rubricado el 19 de noviembre por el presidente andaluz, Manuel Chaves, con estas 33 cajas y bancos, y que sirvió como pistoletazo de salida para la ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo. Un ambicioso programa por el que se contempla una inversión de 12.000 millones de aquí a 2012 que irán destinados a la construcción de 132.000 VPO, 135.000 actuaciones en rehabilitación de fincas y 40.000 operaciones de adquisición de suelo.

Por si esto fuera poco, la Consejería de Vivienda también mantiene abierta otra línea de actuación, en este caso, como avalista de los empresarios que soliciten préstamos para la compra y urbanización de suelo de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) con viviendas protegidas -en 2008 se adjudicó suelo para la construcción de más de 5.000 VPO-.

Esta actuación del Ejecutivo autonómico se enmarca en las reiteradas peticiones que viene lanzando desde hace meses al sistema financiero de que atienda a la demanda crediticia, y que culminaron con la reunión que mantuvo hace quince días Chaves con los presidentes de las cinco cajas andaluzas -Cajasol, Cajasur, Caja de Jaén, Cajagranada y Unicaja- y en la que quiso "apretarles las tuercas".

Tras aquel encuentro, el presidente de la FACA negó que se estén endureciendo las condiciones en la concesión de crédito y que se aplican los mismos criterios que años anteriores, aunque admitió que tal vez exista una mayor cautela ante el riesgo de impagos, algo que se comprometió a revisar.

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