La Junta prevé poner en funcionamiento la oficina anticorrupción a final de año

  • María Jesús Montero espera presentar "en próximos días" el proyecto una vez que el el decreto que va a articular el organismo "está prácticamente terminado".

María Jesús Montero, en rueda de prensa en Sevilla. María Jesús Montero,  en rueda de prensa en Sevilla.

María Jesús Montero, en rueda de prensa en Sevilla. / José Manuel Vidal / EFe

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La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, espera presentar "en próximos días", en este mes de abril, la oficina anticorrupción, que espera que pueda estar operativa y ya en funcionamiento en el último trimestre de 2017.

En una entrevista con Europa Press, la consejera ha explicado que el decreto que va a articular esta oficina "está prácticamente terminado", de forma que están recibiendo en estos momentos algunas de las cuestiones que Ciudadanos le había planteado sobre esta oficina, en cuestiones como, por ejemplo, cómo se vehicularían las denuncias que puedan llegar desde el ámbito parlamentario y otros entornos.

De esta forma, estima que en unos días prevén presentar públicamente dicho instrumento y comenzar el trámite de audiencia, período en el que iría al Consejo Consultivo y a los organismos preceptivos para hacer alegaciones, y posteriormente volverá el documento al Consejo de Gobierno, para que una vez lo apruebe, pueda entrar en vigor. Ha explicado que, una vez aprobada, habrá que dotarla de una RPT "que se irá dimensionando conforme se vayan viendo las cargas de trabajo".

Así, Montero espera que la oficina esté en marcha en el último trimestre de este año. La oficina contará con personal especializado y con sede física propia, para lo cual la Dirección General de Patrimonio está en proceso de búsqueda de ubicación.

La consejera ha resaltado que mediante esta oficina "el empleado público y cualquier ciudadano individualmente podrá denunciar de manera anónima, contempla la posibilidad de que una persona individualmente pueda presentar una denuncia, una vez que el propio órgano vea que contiene elementos que puedan ser objeto de una investigación". En ese sentido, recuerda que "ante una denuncia anónima hay que tener cuidado de que no va a haber ninguna cuestión que nos haga perder recursos ni tiempo a las administraciones públicas", por lo que "siempre deberán pasar filtros que permitan ver la veracidad".

Por ello, el decreto contempla en un primer momento esa posibilidad de poder presentar una denuncia anónima con visos de veracidad, "aunque si hay órganos, como el Consultivo, que entienda que haya que matizarlo, entonces lo modularemos, pero en un primer momento la intención es que puedan comunicar todo aquello que puedan ser indicios o sospechas de mala conducta o mala práctica, no sólo que haya presenciado algo sino que alguien sepa que existe una mala practica".

La oficina tendrá un reglamento de funcionamiento para articular las fórmulas de presentar la denuncia, aunque precisa que "se utilizarán todos los formatos que se puedan utilizar, básicamente aquellos que dejen constancia, como el formato escrito o presencial, para que se pueda verificar los extremos de una denuncia de este tipo".

"Queremos que los medios de denuncia sean lo más abiertos posible y con todas las posibilidades y con todas las competencias que tenga la administración pública para investigar, que no son todas las competencias, pues las competencias que tiene un juzgado para investigar un determinado supuesto no las tiene una administración pública y tiene su sentido, pero llevaremos al máximo las competencias de la administración pública".

Asimismo, la oficina tendrá que colaborar con otros estamentos, como jueces, Policía o Guardia Civil, la Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando se tengan indicios de que se puede estar ante un delito o fraude.

La consejera ha apuntado que la Consejería piensa que el director al frente de la oficina "pueda ser un funcionario de reconocido prestigio y con años de experiencia en la administración pública", toda vez que "queremos que tenga una independencia que se visibilice desde la conformación del decreto". "En un primer momento vamos a facilitar que todo sea para la posibilidad de hacer llegar todas las sugerencias o denuncias de forma no presencial si no es necesario, luego la oficina podría pedir testimonios e interrogar, pero a ser posible intentar que en un primer momento se haga por una vía que no provoque molestias innecesarias a trabajadores y a ciudadanos", ha indicado la consejera, quien recuerda que con las actuales nuevas tecnologías "se podrían recibir denuncias a través de correos electrónicos, pero habrá que ver cómo rueda".

La oficina

Esta oficina se ocupará de la prevención e investigación de casos concretos de uso irregular de fondos públicos, de destino anómalo de los mismos y de aprovechamiento irregular que pudiera conllevar conflictos de intereses y del uso en beneficio privado de información que se deriva de la función propia el personal al servicio del sector público.

Incidirá en las áreas de prevención o en la formación de los empleados públicos, para que "cuando se comprueben acciones objeto de prevención se puedan poner en conocimiento de la oficina, que se dote de todas las herramientas para poder investigar y se pueda instar al cumplimiento e incluso establecer sanciones que correspondan si se demuestran los hechos probados", ya ha indicado la consejera en otras ocasiones.

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