El juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las irregularidades relacionadas con el pago de ayudas y préstamos de Invercaria, ha procesado a la ex presidenta de esta sociedad pública de capital riesgo Laura Gómiz por presuntas coacciones al denunciante del caso, el ex director de Promoción Cristóbal Cantos.

El magistrado, que investigaba estas presuntas coacciones en unas diligencias previas distintas a las de las ayudas de Invercaria, ha dictado un auto en el que ha decidido continuar la tramitación de la causa contra Laura Gómiz por un delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses.

Para el instructor, existen “motivos suficientes” para atribuir la perpetración de este delito a la ex presidenta de Invercaria, a raíz de las “manifestaciones que tuvieron lugar en el desempeño de su actividad profesional con el perjudicado en esta causa, y que pudieran entenderse racionalmente” como una coacción susceptible de reproche penal y “en su consecuencia de ser objeto de enjuiciamiento por el juzgado de lo Penal competente”.

Esta causa, que se remonta al inicio de la investigación de Invercaria, en el año 2012, fue inicialmente archivada por el juzgado, pero el denunciante recurrió a la Audiencia el auto de sobreseimiento, logrando que el pasado 30 de enero, la Sección Primera le diese la razón, ordenando reabrir la causa y continuar la tramitación del procedimiento para la incoación de un procedimiento abreviado contra Laura Gómiz.

Los hechos se remontan a mayo de 2012 cuando Cristóbal Cantos presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya, quien no asumió la competencia de la investigación sino que el caso correspondió al juzgado número 16.

La denuncia de Cristóbal Cantos dio lugar a la investigación de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y coacciones. En este último caso, el denunciante aportó cuatro correos electrónicos de sus comunicaciones con la entonces presidenta de Invercaria Laura Gómiz. La denuncia incluía además la grabación de una conversación que mantuvieron Cristóbal Cantos y Laura Gómiz el 26 de abril de 2011, en la que supuestamente ésta le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayudas que ya habían sido concedidas.

Cantos fue despedido el 22 de junio de 2011 por una “disminución del rendimiento”, si bien en abril de 2012 el juez de lo Social confirmó que su despido fue improcedente, si bien estimó que no se había producido ninguna represalia y, por tanto, rechazó la nulidad del despido que había solicitada este trabajador.

En estos cinco años que han transcurrido de instrucción del caso Invercaria, la suerte procesal de Laura Gómiz y Cristóbal Cantos ha corrido suertes desiguales. Así, mientras la primera ya ha sido exculpada de varias de las piezas separadas abiertas para investigar las ayudas y préstamos de Invercaria, Cristóbal Cantos ha sido procesado por su intervención en alguna de las ayudas, como en el caso de la diseñadora cordobesa Juana Martín, donde el Ministerio Público ha solicitado una condena de seis años y medio de cárcel para el ex director de Promoción.

Al inicio de la instrucción, Cristóbal Cantos insistió en que debía ser considerado como perjudicado en esta causa porque, según su defensa, fue despedido “al negarse a colaborar” con Laura Gómiz en la elaboración de la “documentación antedatada, con el ilícito propósito de cubrir posibles carencias, deficiencias e irregularidades en la concesión de préstamos participativos y otras formas de inversión en determinadas empresas, entre ellas Fumapa”, a la que se concedieron más de 300.000 euros.