El próximo martes, con una semana de retraso respecto al plan inicial, el Consejo de Gobierno ratificará el acuerdo que la Junta y los sindicatos firmaron el lunes para adaptar la jornada laboral de los empleados públicos a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó las 35 horas a petición de un recurso del Ejecutivo central. Lo adelantó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante la sesión de control en el Parlamento, donde reconoció que la idea de notificar el cumplimiento de la sentencia al Alto Tribunal tiene por objetivo demostrar que la Junta acata la decisión "en el contexto político actual", en clara alusión al desafío soberanista catalán.

"No hay incertidumbre ni inseguridad política", aseguró Montero para defender la decisión que tomó el Consejo de Gobierno el martes para retrasar el blindaje jurídico del acuerdo que ella sí firmó el lunes con los sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública, UGT, CCOO y CSIF. La titular de Hacienda insistió en que la posición del Gobierno socialista está "meridianamente clara" y su jefa, Susana Díaz, abundó en la misma idea durante su respuesta al líder de IU, Antonio Maíllo, durante la sesión de control en el Parlamento.

La meticulosidad de la Junta con la sentencia del TC se debe al "contexto político"

Durante su defensa del acuerdo, Montero garantizó que con la nueva jornada se alterarán los turnos, ni las planillas, ni los horarios presenciales ni los contratos generados por la aplicación de las 35 horas desde su puesta en marcha a principios de este año.

Tras el varapalo del Constitucional la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración andaluza será de 37,5 horas, de las cuales 35 horas serán exigibles presencialmente y las otras dos y media -media hora diaria- se dedicarán a actividades "necesarias". El envío del documento que recoge esta organización se ha enviado al Alto Tribunal para que "de forma definitiva se disipe cualquier duda" sobre la aplicación.

Montero hizo un llamamiento a Podemos e IU como "fuerzas de izquierda", que son "aliadas" en la defensa de la recuperación de los derechos públicos, para que hagan "presión" ante los próximos Presupuestos Generales del Estado en esta materia. E ironizó con la actuación del PP, ya que si la intermediación que prometió su líder, Juanma Moreno, "es para que caiga la sentencia, que no nos ayude, porque al final es peor".