"Es un despropósito". La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, califica así el anuncio del Gobierno central de que podría exigir a las comunidades autónomas la devolución de fondos por una sobreestimación de los ingresos tributarios en 2016. Esta desviación provocó que el Estado transfiriera a los gobiernos regionales más financiación de la que habrían tenido derecho a recibir, por lo que ahora tendrían que resarcir al Ejecutivo central, según indicó el pasado martes en el Congreso el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. "Hace falta desenmascarar una realidad que está perjudicando a comunidades autónomas y también a los ayuntamientos", señaló Montero.

La titular de Hacienda aludió al hecho de que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 prevé un incremento de la recaudación de un 7%. Montero insistió en que "se miente con los ingresos, por tanto, se prevé una recaudación que luego no es real". A su juicio, el Gobierno central trata de "guardar las apariencias frente a Bruselas" para controlar el déficit.

Además, recordó que la regla de gasto impide que las comunidades autónomas puedan beneficiarse de la mejora de la financiación ya que les obliga a destinar la mayor parte a reducción de deuda. "No sólo se produce ese efecto, digamos de hipocresía, a la hora de trasladar esa cifra, sino que, posteriormente, a los dos años, pudiera ser, y es lo que el secretario de Estado confirmó, que se nos reclamen las cantidades que no hemos podido gastar y hemos dedicado a pagar deuda", sostuvo Montero.

Cuestionada por la cantidad exacta que se le podría reclamar al Gobierno andaluz, señaló que aún no se conoce la liquidación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado de 2016, aunque sí tiene una aproximación de lo que correspondería a 2017. "Estimamos que serían en torno a 375 millones de euros los que no podemos gastar y que pueden ser exigidos posteriormente dentro de dos años", cifró la titular de Hacienda.

En cuanto al impuesto de Sucesiones, Montero señaló que el grupo de trabajo creado por el Partido Popular a nivel nacional "es el preludio" de su modificación y ,por tanto, atenderá a la demanda hecha desde Andalucía. La consehera de Hacienda destacó que el PP ha empezado a mover ficha "en un tema que es claramente competencia estatal" y censuró que el "el Partido Popular andaluz reclama aquí lo que no es capaz de pedirle al Gobierno de España": las competencias en materia de armonización del impuesto", que solo puede desarrollar el Estado "para que no haya diferencias entre territorios", manifestó.