El PP ha pedido este lunes al Gobierno andaluz que explique si entre los miembros de los ERE de empresas en crisis que recibieron las ayudas de la Junta, y en los que podrían existir irregularidades, se encuentran altos cargos que se incorporaron a los mismos una vez que fueron destituidos de alguna institución.

Esta pregunta ha sido expresada en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, quien ha recordado que en el atestado de la Policía Judicial, remitido a la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se recoge la existencia de "beneficiarios extras o ajenos" a quienes se acogieron a los ERE.

"Yo le pregunto al Gobierno andaluz si existe algún ERE tramitado por la Junta en el que se hayan pagado prejubilaciones a altos cargos del PSOE en algún municipio", ha afirmado Sanz, quien ha insinuado que estas "recolocaciones" de altos cargos que dejan una institución hayan sido incluidos en los ERE por alguna "amenaza".

El dirigente del Partido Popular ha pedido al Ejecutivo andaluz que explique si ha utilizado los ERE subvencionados por la Junta que se están investigando por parte de la Justicia para "resolver conflictos internos" dentro del PSOE, y ha añadido que si esto fuera así "sería enormemente grave" y "otra pata más" del escándalo.

Al igual que hizo este fin de semana el presidente del PP-A, Javier Arenas, el secretario general de los populares andaluces ha acusado "directamente" al ex presidente andaluz Manuel Chaves y al actual, José Antonio Griñán, de haber "organizado o al menos conocido" esta "trama indecente" de mal uso de los fondos públicos.

Sanz se ha referido al auto judicial que pide a la Policía Judicial que amplíe las investigaciones comenzadas en la empresa Mercasevilla a todas las ayudas y subvenciones de la Junta a ERE de empresas en crisis, y que abarca un periodo de ocho años y que ha contado con un importe de más de 600 millones de euros.

"Es impensable que un movimiento económico de casi 700 millones de euros, y que pueden alcanzar finalmente los 1.200 ó 1.400 millones, por las cantidades pendientes de pago, se haya hecho sin el consentimiento del presidente de la Junta, y máxime cuando Griñán fue vicepresidente económico con Chaves" de presidente, ha indicado.

Ha recordado que Griñán fue, antes de ocupar la Presidencia de la Junta, el responsable "del control" de los fondos públicos, por lo que, en su opinión, cuenta con la "más alta responsabilidad" en la gestión de los que se destinaron a subvencionar los expedientes de regulación de empleo en los que ha podido haber irregularidades.

Sanz, que ha vuelto a advertir a los socialistas de que "no hay ningún motivo" que impida la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, ha anunciado que su grupo va a trasladar a la Cámara un documento con las "mentiras" del titular de Empleo, Manuel Recio, sobre este asunto.

Ha censurado que Recio, del que ha desvelado que era gerente en Almería desde 2004 a 2008 de la empresa IDEA -empresa pública que gestionaba los fondos para este fin transferidos desde la Consejería de Empleo-, haya declarado que el procedimiento para las ayudas funcionara correctamente, cuando en realidad "se demuestra que solo ha habido descontrol porque no se ha fiscalizado nada".

De la misma forma, se ha referido a las declaraciones del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en las que habla de que el procedimiento cuestionado ahora se sigue en la Junta "desde hace 20 años", por lo que el dirigente del PP se ha preguntado si durante todo este tiempo la Junta ha permitido que "unos golfos" -como se ha calificado a los intermediarios- se hayan aprovechado de ello.

"¿Es creíble que lleven 20 años permitiendo estas golferías y que nadie supiera nada?", se ha preguntado Sanz, quien ha pedido también a la Junta que aclare por qué "prácticamente todos" los ERE se han tramitado "exclusivamente" por dos empresas -Vitalia e Uniter-, al tiempo que ha retado a Recio a que aporte los documentos en los que dice que aparecen las ofertas públicas realizadas para que otras empresas pudieran acceder al concurso de esta intermediación.

Ha lamentado que Recio admita en una entrevista como "perfectamente legal" que el decreto que otorga competencia al director general de Trabajo para gestionar estos fondos esté por encima de la Ley de Hacienda Pública, norma que, según la policía, otorga las competencias al consejero o al Consejo de Gobierno.