El PP no ceja en su intento por que Andalucía cuente con una ley que blinde la autoridad del profesorado y buscará el consenso para que, esta vez sí, pueda salir adelante. Según explicó la portavoz parlamentaria de los populares, Carmen Crespo, el Pleno decidirá en su próxima sesión si admite a trámite la iniciativa, que el PP ya había llevado a la Cámara como proposición no de ley. En octubre, el Consejo de Gobierno mostró su disconformidad.

El texto, entre otras medidas contempla dotar a los docentes andaluces -tanto de la educación pública como de la privada- de presunción de veracidad en sus informes. También incluye la creación de un registro de agresiones a profesores y la garantía de atender al profesorado psicológica y jurídicamente si se producen este tipo de situaciones. El objetivo es convencer al resto de partidos para que se sumen a la iniciativa, por lo que Crespo se mostró abierta a incluir las propuestas que defiendan tanto el resto de partidos de la oposición como el PSOE. La portavoz popular recordó que ya hay otras nueve comunidades con leyes similares, entre ellas, Castilla-La Mancha, donde también gobiernan los socialistas.

Crespo, que compareció acompañada de la portavoz de Educación del PP, Marifrán Carazo, argumentó que esta ley es un mandato de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la defenestrada Lomce, al que la Junta no ha dado cumplimiento. Y esa es precisamente la razón que esgrimió el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, cuando explicó el motivo del rechazo del Consejo de Gobierno a esta norma. Según el número dos del Ejecutivo autonómico, la autoridad de los profesores ya está recogida en las leyes estatales y autonómicas.