Aunque la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, utilizó el caso de los ERE fraudulentos detectados en Andalucía en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en su pregunta al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los populares dieron ayer un paso más y solicitaron, a través de la propia Sáenz de Santamaría, las comparecencias en el Congreso de los Diputados de la vicepresidentes Manuel Chaves y Elena Salgado, así como la del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, y de los máximos responsables para las empresas públicas Sepi y Mercasa para que expliquen qué han hecho sus respectivos departamentos ministeriales para evitar el "mayor fraude de los últimos tiempos", tanto por la cuantía de los fondos, unos 700 millones de euros, como por la "calidad" del caso, al estar implicado el Gobierno andaluz.

"Y con el agravante de que es dinero para los desempleados", sentenció la portavoz del grupo popular.

Además, Sáenz de Santamaría se mostró convencida de que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también debería dar explicaciones sobre estas prejubilaciones en su comparecencia del próximo 24 de febrero en la Cámara Baja para defender su modelo de política social.

Sobre este mismo caso, el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, dijo que el PSOE "sancionará durísimamente" a los militantes socialistas que se vean implicados en él, y recordó que fue el propio Gobierno andaluz el que remitió a la Fiscalía las posibles irregularidades.

Tras defender la autonomía de la Fiscalía y su actuación con arreglo a la ley, el portavoz socialista reafirmó el compromiso del PSOE de no llevar en sus listas a imputados en casos de corrupción, tal como aprobó el pasado fin de semana la convención municipal socialista en la reunión de Sevilla.