El PSOE reclamó ayer al PP-A que "haga gala de apellido andaluz" en vez de limitarse a aplaudir el "castigo" del Gobierno central a Andalucía al haber decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la jornada de 35 horas en el sector público.

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Angel Heredia, afirmó en rueda de prensa que el líder regional del PP, Juanma Moreno, "tiene que escoger entre defender los intereses de nuestra tierra o seguir de palmero de Rajoy".

Aseguró que esta decisión "arbitraria y antiandaluza" del PP y del Ejecutivo de Rajoy "está poniendo en riesgo la creación de 7.000 empleos" en Andalucía "por el capricho y sectarismo" del presidente del Gobierno hacia la comunidad.

Según Heredia, al PP "ni le interesan los servicios públicos esenciales ni quiere que la recuperación económica pueda beneficiar a la inmensa mayoría de la gente después de años de crisis, muchos años de esfuerzo y de sacrificio".

El dirigente socialista defendió que la recuperación de las 35 horas semanales en Andalucía "daba calidad en el empleo y permitía revitalizar los servicios públicos", por lo que el recurso supone "un ataque frontal y total" para el buen funcionamiento y el avance en sanidad, educación o en dependencia.

Heredia opinó que la interposición del recurso, nueve meses después de que la medida andaluza saliera publicada en el BOJA, se ha realizado "con alevosía", ya que el PP "ha apurado el plazo para recurrir y sin importarle el daño para 270.000 empleados públicos".

Los diputados nacionales de Ciudadanos (C's) Marcial Gómez Balsera y José Luis Martínez González registraron en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la "sobrexplotación" del acuífero del Parque Nacional de Doñana.

El partido naranja cuestionará sobre si "se han puesto ya en marcha todas las medidas de control e inspección que habrían sido necesarias para disuadir a quienes realizan extracciones no autorizadas y crean instalaciones ilegales". Además, C's preguntará si el Gobierno cree que las medidas para frenar la degradación y garantizar la protección del parque, de cuyos resultados dará cuenta a la Unesco antes de 2019, conseguirán evitar la inscripción de Doñana en la lista negra de Patrimonio en Peligro".