La Asociación SOS Bebés Robados Huelva presentó ayer ante el Ministerio Fiscal la petición de levantamiento, estudio e investigación de la fosa común en la que fueron supuestamente enterrados fetos y neonatos entre las décadas de los 50 y los 90 en Huelva, cuyas desapariciones han sido denunciadas por sus familiares. El objetivo, según indicó ayer la presidenta del colectivo, Esperanza Ornedo, es realizar un estudio de los féretros y "cotejar los restos con el ADN de las familias denunciantes y, si no corresponden con su caso, poder seguir buscando más allá del cementerio".

En el escrito, los letrados de la asociación, José Luis Orta e Isaac Maestre, exponen que "la necesidad de saber dónde se encuentran los bebés robados y la valentía de los denunciantes ha hecho que en la provincia de Huelva el número de casos supere ya el centenar", una espectacular progresión con la que "ya no podemos hablar de casos aislados". Asimismo, los letrados aseguran que "la situación a nivel judicial no deja de ser sorprendente, pues da la impresión de que los criterios de actuación por parte de jueces y fiscales no están consensuados y las actuaciones varían", siendo una misma la ley, en función de la demarcación territorial donde se dé el caso. Pese a contar con el apoyo del Ministerio Fiscal, "no se puede decir lo mismo de los criterios de los jueces de Instrucción, pues según el juzgado donde recae cada procedimiento hay una petición inicial de archivo y en algunos casos, los menos, una investigación", dicen los letrados.