"Entre los recortes" del Gobierno de Mariano Rajoy, y la "ineficacia y la parálisis" de la Junta y de su presidenta Susana Díaz, "más preocupada de otros asuntos al norte de Despeñaperros". Esté es el diagnóstico de la situación de la región realizado ayer por la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

Antes de hacer una ruta de senderismo en la barriada periférica cordobesa de Santa María de Trassierra para escenificar su apuesta por la proposición de Ley de Senderos de Andalucía, Rodríguez se refirió también al proyecto de ley que establece el derecho de retracto y tanteo en desahucios que el martes aprobó el Consejo de Gobierno. "Lleva un año y medio de retraso" y, además, "ya tiene un informe del Consejo Económico y Social de Andalucía que habla de que, si el presupuesto para esa ley son cuatro millones de euros, lo único que podremos hacer es comprar a los bancos 19 viviendas al año".

Es decir, según la postura de Rodríguez, se podrán "sanear 19 activos tóxicos de los bancos", con lo que, "de nuevo, es una especie de rescate bancario bis" y, por otro lado, "no va a dar respuesta a las verdaderas necesidades", pues, solo "en el último trimestre de 2016 hubo más de 1.200 procedimientos de lanzamiento en Andalucía".

En consecuencia, el proyecto normativo, "además de ser pura literatura, va en la dirección contraria" a la que ya intentó marcar Podemos con su propuesta de "Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética", que buscaba "regular que los grandes tenedores de vivienda, que fundamentalmente son las entidades financieras" permitieran la creación de "un parque público de viviendas para alquiler social".

No es la primera vez que la formación morada propone normas en materia de vivienda. Sin ir más lejos, la pasada semana el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe registró en la Cámara una proposición de ley que tiene por objetivo paralizar los desahucios "de manera automática. El procedimiento pasa por obligar a las entidades financieras a que informen de las hipotecas que han vendido a fondos de inversión y que, de esta manera se convierten en los verdaderos acreedores. Según Moreno Yagüe, muchas de las ejecuciones hipotecarias que finalizan con la salida de los moradores de la vivienda se corresponden con aquellos inmuebles de los mencionados fondos. Y, añadió el parlamentario, los tribunales archivan este tipo de casos si el cambio de acreedor queda demostrado.