Un juez de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado prisión preventiva para una mujer a la que agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado viernes en la capital, acusada de vender documentos falsos a parejas que pretendían adoptar niños en Rusia. Esta detención se ha realizado dentro de una operación que está llevando a cabo la Policía española en colaboración con la justicia rusa. Esta detención se ha conocido después de que la Junta de Andalucía haya decidido suspender las adopciones libres en Rusia, una decisión que hace temer a familias andaluzas en proceso de adopción, una represalia por parte de Rusia, y que se anulen los procesos que iniciaron antes de este caso.

La mujer, que es de origen ruso pero nacionalidad española, tenía contacto con ambos países y hacía de intermediaria en el proceso de adopción y facilitaba documentos falsos que acreditaban la idoneidad de las parejas que pretendían hacerse cargo de los niños rusos. Tras este arresto, la Policía recaba ahora los testimonios de varios afectados para determinar las cantidades que la detenida y otros presuntos colaboradores cobraban a las parejas.

Según fuentes policiales, la mujer estaba relacionada con alguna de las redes habituadas a captar a parejas a través de Internet, donde ofrecen sus servicios para solucionar los trámites de adopción. Y es que, aunque carece de antecedentes, según las fuerzas de seguridad, sí era una antigua conocida de la policía que ya habían investigado en relación a otros asuntos delictivos sin que, finalmente, pudieran determinar en ninguno de los casos su relación con los mismos.

Esta detención se produce dentro de la operación que está llevando la Policía Nacional en colaboración con la justicia rusa, quien alertó a las fuerzas de seguridad de nuestro país de la existencia de documentos de adopciones de niños rusos falsificados. Las primeras víctimas de esta trama son dos andaluces, una pareja cordobesa que estaba en el Consulado de España en Moscú con dos niños que tenían asignados pero con los que no han podido regresar a España porque han sido requeridos por un juez ruso para que vuelvan al orfanato donde residían. Esta pareja regresaba a España sin los pequeños con el fin de "colaborar con la investigación", en todo lo que sea posible, según explicaron fuentes de Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al parecer, la falsificación estaba en los certificados de idoneidad que la Junta de Andalucía expide a los padres adoptivos y que éstos deben presentar para formalizar la adopción. Por este motivo la Junta de Andalucía ha decidido suspender temporalmente las adopciones libres en Rusia. La decisión del Gobierno andaluz afecta exclusivamente a aquellas adopciones que las parejas tramitan por su cuenta y sin que para ello intervenga ninguna colaboradora acreditada (ECAI) y la suspensión temporal se limita únicamente a las adopciones en Rusia. En este sentido, la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, señaló en una entrevista a la Cadena Ser, que se trata de una medida preventiva ante las irregularidades detectadas.

Sin embargo, la Asociación de Familias Adoptantes de Andalucía (Afaan) expresó su temor porque esta resolución provoque que la federación Rusa prohíba definitivamente las adopciones por vía libre e, incluso, que anule los procesos iniciados antes de que se hiciera público este caso. Miguel Inglada, directivo de la organización, explicó que Rusia es uno de los países con mayor demanda de adopción internacional, por lo que hay bastantes procesos iniciados que ahora "a ver como se resuelven". Al respecto, la Federación de Asociaciones de Adopción Internacional, se mostró poco optimista y señaló que es muy probable que ocurra lo que las familias temen.

No se trata de la única autonomía afectada, ya que la Policía está también investigando en La Rioja y Asturias. En este sentido, la consejera riojana de Servicios Sociales, Sagrario Loza, reconoció que no tiene "ni siquiera la sospecha" de que se hayan podido falsificar documentos desde su comunidad. Pero ante la posibilidad de que así fuera, Loza se puso a disposición de las fuerzas de seguridad. También, el Gobierno del Principado de Asturias, mediante un comunicado se mostró "encantado de colaborar" con todas las investigaciones que se hagan sobre las adopciones internacionales y sobre los certificados de idoneidad, pero garantizaron la legalidad de los procesos de adopción llevados a cabo en la autonomía.