Roca sacrificó 6 millones en el 'pelotazo' de Crucero BanúsEl fiscal general devuelve la trama de los 'bebés robados' a cada provincia

  • El cerebro de Malaya y sus socios pudieron haber doblado las plusvalías en la operaciónEl Ministerio Público explica que los responsables no integraban una organización

Juan Antonio Roca y sus socios en la operación Crucero Banús pudieron haber doblado las plusvalías que consiguieron al vender esos terrenos situados en las inmediaciones de Puerto Banús. La parcela fue adquirida por 4,3 millones de euros en octubre de 2001 y vendida apenas un año después al promotor granadino José Ávila Rojas por 10,4 millones. Lograron más de seis millones de euros de beneficios. Pudieron haber sido más. Al menos hubo tres propuestas que superaban la de Ávila Rojas.

Un promotor de la Costa ofertó 16 millones de euros por la finca. Otro empresario de Sevilla ofreció 12, y un abogado francés, en representación de unos clientes, les brindó la posibilidad de asociarse para desarrollar los suelos. Todas las alternativas a Ávila Rojas fueron desechadas. Cuando la Policía irrumpió en el despacho de Juan Hoffmann, en abril de 2007, halló estas ofertas escritas de compra.

¿Por qué solo se llevó adelante la de Ávila Rojas? La teoría que sostiene la Fiscalía Anticorrupción y que ayer respaldó el perito de la Agencia Tributaria es que la operación Crucero Banús fue uno de tantos negocios inmobiliarios amañados en los que Roca supuestamente favorecía al promotor granadino a cambio de después participar en los beneficios.

La Fiscalía General del Estado ha rechazado abrir una causa general para investigar los casos de bebés robados y ha instado a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos, informaron fuentes del Ministerio Público. El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido ha justificado su decisión en que los responsables de las sustracciones, llevadas a cabo en clínicas de toda España desde la década de los 40 hasta mediados de los 80, no integraban una única organización, sino que operaban en distintos puntos del territorio nacional.

La Asociación Nacional por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó el pasado jueves ante la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva que agrupaba a más de 200 afectados por las tramas de bebés robados. En Andalucía se han denunciado casos en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva.

Los miembros de la asociación, representada por el abogado Enrique Vila, acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 30.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento.

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