La reapertura del asador de Marbella insumiso a la ley antitabaco será tan pronto como el empresario cumpla la ley y prohíba fumar en el establecimiento. "La reapertura está en su mano", apuntó una fuente de la Delegación de Salud en Málaga, que recordó que el cierre fue dispuesto por la Junta de forma cautelar por el reiterado incumplimiento de la norma. Lo que sí sigue su curso al margen de que el empresario se avenga o no a acatar la legislación es la multa de 145.000 euros por hacer caso omiso de los requerimientos de la autoridad sanitaria.

Ayer, el asador estaba cerrado, con el precinto en su puerta. El propietario, José Eugenio Arias-Camisón, colgó un documento en la web www.reformaoruina.com, en el que afirmaba que había sido víctima de un "golpe de estado" y que, "sin orden judicial alguna, las fuerzas del orden público accedieron al interior de mi local, obligando a abandonar el mismo a todos mis clientes". Afirma que se trata de una situación que no ha visto "desde que mi familia fue víctima de ETA". Arias-Camisón explica que eligió no oponer resistencia aconsejado por su abogado, pero que la actitud de la Junta es "una prevaricación en toda regla". El empresario insiste que luchará para "destrozar legalmente" a la consejera de Salud, María Jesús Montero y convoca una manifestación a las puertas del Ministerio de Interior el día 21.

María Fernández, propietaria de uno de los establecimientos del centro comercial Guadalmina, quiso comentar lo sucedido y dijo que "hay que luchar", pero "aunque no me guste, es una ley que hay que acatar". Fernández, propietaria del restaurante El Perejil, lamenta la actitud de su colega hostelero. "Tenía el mejor sitio, un establecimiento que no se iba a quedar vacío para nada". Antonio López, vendedor de cupones, explica que el asador era uno de los lugares donde más vendía. "Era el único sitio donde quedaban billetes de 500 euros", afirma. Coincide con Fernández en que "no le afectaba a sus ventas que se fumara o se dejara de fumar: iba a seguir lleno".

Por su parte, la Federación Española de Hostelería, que hizo ayer balance del cumplimiento de la ley, no dejó dudas al respecto: se negó a lanzar mensajes de insumisión, aunque manifestó su comprensión ante los ánimos de los empresarios.