Sandokán afirma que negoció con Aguilar bajar la multa por Colecor

  • El empresario cordobés asegura que se quedó en dejar la sanción en 6.000 euros y que no quiere pagarla porque tuvo permiso "verbal" para levantar las naves

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El candidato a la Alcaldía de Córdoba por Unión Cordobesa y empresario, Rafael Gómez, Sandokán, aseguró al programa de televisión Punto y Seguido del canal local Vive Una Televisión que mantuvo varias reuniones con la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, con el objetivo de abordar el futuro de la multa "de 26 millones de euros" de las naves de Colecor (en realidad, el principal de la sanción asciende a 24,6 millones) para reducir dicha cantidad "a 6.000 euros". Las antiguas instalaciones de Colecor fueron acondicionadas como sede de la empresa de Gómez para un centro comercial de venta al por mayor, uso que colisionó con la regulación administrativa del suelo y derivó en un conflicto que se remonta a 2003. La aseveración de Gómez sobre esas reuniones fue desmentida ayer por el actual alcalde y candidato de IU, Andrés Ocaña, quien era el teniente de alcalde de Urbanismo que firmó los dos expedientes sancionadores, uno de los cuales fue anulado por un juzgado de lo contencioso administrativo. Aguilar declinó hacer declaraciones.

Lo más sustancioso de la entrevista -dura algo más de 50 minutos-, realizada por el periodista Víctor Molino, versa sobre la relación con Rosa Aguilar y su supuesta interlocución en el asunto Colecor. Gómez asegura que no ha tenido contactos con la ministra "desde que estaba en Obras Públicas", esto es, desde que era consejera de la Junta de Andalucía, desde donde se impulsaron unas negociaciones para favorecer la legalización del complejo a cambio de tirar una parte relevante de las naves, realizadas sin licencia de obras. Gómez dice que todo lo efectuó "con el permiso verbal de quienes mandaban en el Ayuntamiento". Las naves se iniciaron en 2005 en la legislatura en que IU gobernaba en solitario, con Rosa Aguilar en la Alcaldía. A partir del minuto 22 es cuando se produce la referencia a la actual ministra. "Hace ya tiempo que no hablo con ella, después de ser ministra, cuando estaba en Obras Públicas [da la impresión de que quiere decir después de ser alcaldesa], pero después no he hablado con ella (...). Ese asunto, lógicamente, se ha hablado con ella muchísimas veces, en muchísimas reuniones después de ponerse la multa: ni una, ni dos, ni tres, ni 24. Muchas más. En cierto modo, siempre diciendo que esa multa se quedaría en 6.000 euros". Y sigue: "De 6.000 euros a 24 millones y que me digan que la pague, cuando yo no he hecho nada, es lamentable". Dejar una sanción de 24,6 millones de euros a 6.000 euros es inviable. La norma habla de una reducción del 75% cuando se procede a la legalización, lo que dejaría la sanción en seis millones de euros (no en 6.000). Lo verdaderamente importante del testimonio es que una de las partes cuenta, por primera vez, que existían unas negociaciones para reducir el principal de una multa que nunca se ha llegado a cobrar por parte de los servicios municipales. Para el alcalde, Andrés Ocaña, esa opción de rebajar la cuantía de la multa "es totalmente absurda", tras lo cual explicó los criterios de la LOUA. "La ley está para cumplirla y yo respeto todos los procedimientos", dijo.

Si algo deja claro Rafael Gómez en la entrevista es sus intenciones sobre la multa. "No la voy a pagar", se le escucha decir. Según su tesis, él realizó una inversión económica -en un centro comercial de venta al mayor- pidiendo la venia a las personas que estaban al frente del Consistorio, que estuvieron informados en todo momento de sus planes de obra. Gómez asegura que la multa "se pone porque, yo considero, los responsables del Ayuntamiento tuvieron que tomar esa decisión para taparle la boca a otra gente, desgraciadamente". "En ningún ayuntamiento, en ningún país del mundo, han puesto una multa como ésta incluso con cosas mucho más complicadas: querían decir, estad tranquilos", asegura. El candidato no dice quiénes eran las personas que había que tranquilizar pero asevera que los responsables municipales de aquella etapa "lo sabrán". Sí asegura que, si se demuestra que se ha excedido "unos 2.000 metros", esta parte se derribará "aunque no quiero". El exceso supera, según el plan especial, los 15.000 metros cuadrados. En la entrevista, Gómez realiza un repaso a las tesis de su candidatura, cuya presentación, relata, nada tiene que ver con el proceso de Colecor. Sobre la situación municipal, asegura que "el Ayuntamiento es como un negocio que quien lo coja tiene que hacerlo viable" y reclama mayor atención desde el gobierno municipal a los empresarios de la ciudad. Explica también cómo fue su detención a raíz de la operación Malaya. "Me estaban esperando en la puerta de mi casa; dejaron que saliese con el coche y al hacer el stop se abalanzaron sobre mí e intentaron detenerme. Pensé que era un secuestro y me resistí al salir del coche (...) porque pensaba que venían a matarme". Esa percepción la tuvo porque los agentes "se echaron mano al cinto antes de sacar la placa".

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