El pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto deliberar y pronunciarse hoy sobre si procede apelar a la objeción de conciencia para negarse a cursar la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC). El Alto tribunal decidirá sobre los recursos de la Fiscalía, la Junta y la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que sí reconoce la objeción a una familia de la provincia de Huelva.

Además, fallará sobre los recursos de casación presentados por varios padres contra tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechazan tal posibilidad.

En el caso andaluz, el Supremo tendrá que hacer frente al recurso elevado por la Junta andaluza, que se oponen a la decisión de los magistrados TSJA, que fallaron a favor de unos padres, a los que permitió objetar y dejó que su hijo quedara exento de ser evaluado. El TSJA alegaba que los contenidos que fija el Gobierno "vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones".

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, ha manifestado que esperaba del Supremo "una doctrina clara e indicaciones comunes" a la vez que añadía que Educación para la Ciudadanía es una asignatura "de la que entendemos que no es posible objetar".

En el mismo sentido, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ya ha comunicado que acatará la decisión y que con ella confía en que termine la polémica. Sin embargo, las asociaciones opositoras han anunciado que si el Supremo no avala su postura, recurrirán al Constitucional.

Según el recuento de este colectivo, se han presentado un total de 1.682 recursos judiciales, de los que cerca de 300 les fueron favorables, mientras que otros 29 negaban el derecho a objetar, y 33 se fallaron en contra por falta de pruebas. Asimismo, aseguran que las objeciones ascienden a 50.000.