Torres Hurtado será investigado por un posible delito de prevaricación

  • Un juzgado admite a trámite la querella del PSOE contra el alcalde de Granada.

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El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), dos empresarios y tres representantes de una entidad bancaria tendrán que dar explicaciones ante el juez por un posible delito de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en la venta, supuestamente irregular, de unos terrenos de uso comercial del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena. El juzgado de instrucción número 1 ha abierto diligencias previas contra todos ellos tras admitir la querella criminal interpuesta el pasado día 5 de octubre por los ocho concejales socialistas.

En 2005 el Ayuntamiento cerró un convenio urbanístico con varios promotores (José Julián Consulting, Alcomarex y Caja Rural) para desarrollar estas parcelas situadas en el Cerrillo de Maracena. El Ayuntamiento vendió a los promotores el 10% de los aprovechamientos (terrenos de uso terciario) por más de 14 millones de euros, de los que recauda siete millones, quedando otros siete (ocho con intereses incluidos) pendientes de cobro. El Ayuntamiento nunca llegó a cobrar ese dinero líquido, pese a que podía haberlo hecho, ya que inició un expediente de embargo para reclamar el dinero. Finalmente no lo ejecutó y llegó a un acuerdo con los promotores para que el dinero se pagara en suelo.

Para ello se firmó un acuerdo privado por el que el Ayuntamiento se convirtió en el propietario del 14,5% del total de una parcela de uso comercial que, según los socialistas, estaba valorada en siete millones, frente a los ocho que los promotores tenían pendientes de pago.

"El PP se piensa que los concejales de la oposición somos tontos, y que este Ayuntamiento es un casino donde no tienen que dar cuenta a nadie", argumentó ayer el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP) aseguró ayer que la solución que se alcanzó fue "estupenda", y defendió que todo el proceso fue legal. "Lo que se hizo fue una dación en pago. Ese suelo, que ha pasado a ser de propiedad municipal, tiene uso comercial, por lo que será puesto a la venta cuando haya actividad económica para no malvenderlo".

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