Arrancó ayer en la Audiencia de Huelva el macrojuicio por el sabotaje al Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Torre del Catalán, en Lepe -en diciembre de 2010-, para facilitar a narcotraficantes la entrada de droga por el litoral onubense. En la sala, los 13 acusados y sus nueve letrados asistieron a la primera jornada de la vista, la de la cuestiones previas. La defensa solicitó al tribunal, conformado por los magistrados de la Sección Primera, la nulidad de las actuaciones partiendo del auto que permitió las intervenciones telefónicas, ya que a su juicio "se han vulnerado derechos", según Europa Press.

Esta primera sesión, en la que los acusados no declararon, se basó en el debate sobre la validez de las escuchas telefónicas, ya que, a juicio de los letrados, el auto que autoriza estas intervenciones "no está fundamentado" y entienden que fueron realizadas bajo suposiciones de la Policía.

Los abogados estiman que estas diligencias tienen su origen en otra operación relacionada con el tráfico de drogas y, según insistieron, "están fundamentadas en meras sospechas policiales".

Por su parte, el Ministerio Fiscal rebatió estas peticiones y aseguró que las pruebas consisten en "datos concretos, debidamente acreditados y fotografiados y no basados en sospechas policiales".

En caso de que el tribunal estimara esta solicitud de los abogados, se llevaría a efecto el sobreseimiento de la causa y la sentencia sería absolutoria, una cuestión que el tribunal puede resolver en la jornada de hoy, antes de iniciar la segunda sesión judicial o ya en la sentencia.

La operación Mecánico, que centra el procedimiento sobre el que deberá decidir la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, se desarrolló a lo largo de ocho meses por la brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Huelva y con la colaboración de la Guardia Civil. La investigación se centró sobre la organización dirigida por Leopoldo G. M., que se dedicaba supuestamente a lograr la cobertura necesaria para que los clientes interesados pudieran introducir hachís por la costa onubense con total impunidad.

Para los trece acusados, la Fiscalía pide -con notables diferencias según el grado de implicación y el delito que se les atribuye- una pena global de 98 años y medio de prisión y multas de 86,4 millones de euros.

Según la acusación pública, Fermín G. H., Israel G. A., los agentes de la Guardia Civil José Luis A. B. y Jesús M. T. y el vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto José Luis G. G., conformaban un grupo orquestado supuestamente por el mecánico Leopoldo G. M.; la Fiscalía detalla que hacían las veces de punto de vigilancia, controlando los movimientos de patrullas y embarcaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera para que la zona elegida estuviera despejada -previa colocación de dispositivos de seguimiento-, todo con el propósito de "arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones". Leopoldo, Israel y Fermín y el agente José Luis A.B. accedieron el día de Navidad a las instalaciones del SIVE en Lepe y las inutilizaron a tiros.

La operación incorpora un alijo de hachís interceptado en una playa de Mazagón el 16 de enero de 2011. En relación con ello fueron detenidos D. M., N. C. y F. G. Por un alijo en Punta Umbría fueron detenidos G.P. y M.T.; por otro alijo en la ría de Huelva fue atrapado Teddy A.V. También fue detenida por blanqueo María T. M., pareja de Leopoldo.