Marcha atrás. El propietario del asador marbellí que ha cobrado fama nacional por violar la ley antitabaco durante 40 días, que ha llamado a la insumisión contra el texto legal y que hace exactamente una semana provocaba el cierre de su establecimiento al negarse en rotundo a prohibir que se fumara en su local, se aviene ahora a cumplir la norma. Por lo tanto, la Junta autorizaría hoy su reapertura.

Fuentes de la Administración autonómica confirmaron que la Consejería de Salud ha recibido un burofax de José Eugenio Arias-Camisón en el que se compromete a cumplir la ley antitabaco que desde el 2 de enero pasado prohíbe que se fume en todos los establecimientos públicos cerrados, incluidos bares, restaurantes y discotecas. Según ha trascendido, tras ese compromiso, el empresario solicita a la Administración sanitaria la reapertura del establecimiento cerrado de forma cautelar el pasado jueves 10 de febrero.

La Delegación de Salud informó entonces de que el cierre cautelar se disponía por el reiterado incumplimiento de la ley y que el asador Guadalmina no se clausuraría si deponía su actitud. Pero Arias-Camisón desoyó las advertencias de la Administración sanitaria y, tras la intervención de la Policía Nacional, finalmente se cerró el establecimiento. Al día siguiente, la Delegación insistió en que la reapertura estaba "en sus manos" ya que en cuanto se comprometiera a acatar la ley se levantaría el cierre del local.

Tras el escrito recibido ayer en la Consejería de Salud, la previsión es que probablemente hoy se reabra el asador. Antes, un inspector de la Delegación debe comprobar que ha retirado los carteles en los que hacía gala de que en su establecimiento se podía fumar y que los ha sustituido por otros en los que se prohíbe el tabaco. De hecho, estos carteles ahora son obligatorios.

El empresario ha convocado una rueda de prensa para este mediodía en la que previsiblemente anunciará su decisión de respetar la ley antitabaco.

Su marcha atrás -si finalmente se cumple- dejaría sin efecto el cierre cautelar. No obstante, la propuesta de multa de 145.000 euros seguiría para adelante ya que esta sanción castiga los reiterados incumplimientos de la ley y la falta respuesta a las sucesivas advertencias de la Delegación de Salud, lo que constituye una falta muy grave.

Pero en el caso de que Arias-Camisón no diera depusiera su actitud y el local siguiera cerrado, sus 16 trabajadores tienen un plazo de 20 días hábiles desde el cierre para presentar una demanda de despido por "falta de ocupación efectiva", según explicó ayer el secretario general de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Andalucía, Gonzalo Fuentes.

Hasta el viernes de la semana pasada, la Delegación de Salud había recibido 72 denuncias por incumplimientos de la ley antitabaco.