Dos asociaciones apoyan a Bolaños frente a la campaña de desprestigio

  • La APM y la asociación JFV piden el "máximo respeto" para la juez que instruye los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, en los juzgados de Sevilla. La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, en los juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, en los juzgados de Sevilla. / josé ángel garcía

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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación de jueces Francisco de Vitoria emtieron ayer un comunicado en el que muestran su apoyo a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ante la campaña de desprestigio iniciada contra la magistrada, a la que el PP-A ha intentado recusar recientemente en una de las piezas a pesar de que en este momento no es parte del proceso al estar pendiente de recurso una fianza que se le impuso para ejercer la acusación popular.

En el comunicado "en defensa de la magistrada María Núñez Bolaños", que firman dos de las cuatro asociaciones judiciales, entre ellas la APM -mayoritaria en la carrera y de carácter conservador-, las asociaciones señalan que emiten dicho comunicado ante la difusión en varios medios de comunicación de informaciones "poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada".

Dicen las secciones territoriales en Andalucía de estas dos asociaciones que "la esencia de cualquier Estado de Derecho es el respeto institucional a las decisiones emanadas de los jueces y tribunales que actúan bajo los principios de independencia, imparcialidad y estricta sujeción al ordenamiento jurídico".

Y añade que en aquellos supuestos en los que se cuestione la imparcialidad de una autoridad judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en sus artículos 217 y siguientes, establece las causas de abstención y recusación, "otorgando a las partes personadas y al Ministerio Público el cauce legal y procedimental para hacerlos valer en el seno de un determinado procedimiento, reforzándose de esta manera las garantías procesales de cualquier ciudadano al derecho a un proceso justo y equitativo".

Por ello, prosiguen las asociaciones, que "con el máximo respeto al derecho constitucional a la libertad de información consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución, la difusión en determinados medios de comunicación de noticias relacionadas con el ámbito personal y/o familiar de dicha magistrada, pero totalmente ajenas a la investigación judicial del caso ERE, no tienen otra finalidad que poner en entredicho de manera infundada su labor profesional en una causa judicial enormemente compleja y con una gran proyección mediática".

Las asociaciones recuerdan igualmente que "sin juez imparcial no hay verdaderamente un proceso jurisdiccional revestido con todas las garantías públicas reconocidas en el artículo 24 de nuestra Constitución", por lo que estas asociaciones piden el "máximo cumplimiento y respeto a la función jurisdiccional realizada por la magistrada, María Núñez Bolaños, en el marco de la instrucción del llamado caso ERE".

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