La Mesa del Parlamento la componen un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. Así lo establece el segundo apartado del artículo 27 del reglamento de la Cámara. El sistema de elección de los miembros lo establece el artículo 34, pero el 36 dice que todos los grupos deben estar representados en este órgano de gobierno. Compaginar el cumplimiento de estos artículos era fácil cuando había sólo tres grupos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Con cinco grupos y poca capacidad de acuerdo es complicado. El ejemplo perfecto es el conflicto de la composición de la Mesa, que es tan viejo como la propia legislatura. Tras dos recursos de amparo -uno del PP y otro de IU- al Tribunal Constitucional, el propio Juan Pablo Durán tuvo que salir ayer a defender su labor y a negar las acusaciones de parcialidad que el jueves lanzó la federación de izquierdas.

El presidente del Parlamento aseguró que la decisión de dejar fuera de la Mesa al diputado de IU José Antonio Castro "no ha sido política, ni unilateral, sino colegiada". "Siempre he actuado conforme a los informes del Letrado Mayor de la Cámara y en cumplimiento de la sentencia del Constitucional, del reglamento y de lo que han acordado los grupos", añadió Durán. Concretamente, se refería a un informe de los servicios jurídicos donde se establece que la diputada del PP Patricia del Pozo debe ser la secretaria segunda de la Mesa, pasando así Julio Díaz, de Ciudadanos, a ser secretario tercero.

El informe, que es del 20 de diciembre de 2016, sirvió para remodelar el órgano rector del Parlamento después de hacerse efectiva la sentencia del Constitucional que daba amparo a Del Pozo. Ella fue quien quedó segunda en la votación de los secretarios y a quien el Alto Tribunal le otorgó su derecho de representar a los ciudadanos, tal y como establece el artículo 23 de la Carta Magna. El damnificado fue Castro y es él ahora quien invoca el derecho que en su día esgrimió Del Pozo.

Nada dice el letrado mayor de cómo puede restituirse el puesto al parlamentario de IU, ahora vocal en Mesa, pero el propio Durán dijo ayer que "no pone en duda" el derecho de la federación de izquierdas a tener representación en el mencionado organismo. Sí criticó el presidente de la Cámara la postura mostrada por el líder de IU, Antonio Maíllo, el jueves. "Han usado la figura de la Presidencia para trasladar la idea de que se han tomado decisiones por intereses partidistas", lamentó Durán, quien además acusó a los izquierdistas de "no ajustarse a los hechos ni a la verdad".

En su informe del 20 de diciembre del pasado año, los servicios jurídicos reconocen que para hacer cumplir el artículo 26 del reglamento del Parlamento sería necesario reformarlo de forma íntegra. Y eso es precisamente lo que han pedido varios grupos, como IU y Ciudadanos. Por el momento, no parece que vaya a ponerse en marcha, así que será el Constitucional quien decida qué ocurre con Castro, que el miércoles interpuso un recurso de amparo al Alto Tribunal.