La muerte de dos ciudadanos colombianos en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre (Málaga) la noche del 25 de abril del 2009 volverá a ser investigada, después de que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga haya decidido revocar un auto previo que ordenaba cerrar el caso sin ningún procesamiento. Los jueces creen ahora, ocho años después, que "algo permanece oculto" en torno a aquellas muertes, atribuidas en legítima defensa al dueño de la finca, Manuel Alonso Herrero, que a su vez será investigado por la muerte de su ex mujer, Lucía Garrido, en 2008.

Tres muertes en un mismo escenario, con un solo año de diferencia, con idéntico protagonista al que la Justicia vuelve a seguir la pista, y todo ello en medio de un enrevesado asunto de relaciones de dudosa legalidad que salpicó a agentes y mandos de la Guardia Civil de Málaga.

El auto dictado por la Sección Novena en octubre pasado, viene a decir que el acta de la inspección ocular realizada en el lugar del suceso tras la muerte de Derian José Morales Feria y de Edward Andrés Gómez Tabares, con puntos no aclarados, junto a la información que el fiscal jefe de Málaga aportó a la causa, "obliga a agotar la investigación" y ordena nuevas diligencias.

Según figura en los fundamentos de derecho del auto, al que ha tenido acceso este periódico, los dos hombres accedieron al interior de la finca con otras personas y provistos de armas cortas y fueron sorprendidos por el dueño de la casa, que les disparó con una escopeta de caza de su propiedad, causando su muerte.

El auto recuerda también que el 21 de diciembre de ese mismo año, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por entender que el señor Alonso habría actuado en legítima defensa". En mayo del 2015, el fiscal jefe de Málaga remitió al juzgado información proporcionada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que ponía de manifiesto la "posible relación" del hasta entonces único investigado con varios agentes pertenecientes a dicho cuerpo policial. Estos agentes, según Asuntos Internos, estaban implicados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. El informe de esta unidad de investigación concluía que los colombianos fallecidos accedieron a la finca con la intención de robar cocaína y que Manuel Alonso conocía el plan, los estaba esperando y cometió el asesinato "instigado" por varios agentes de la Guardia Civil. La juez que investigó el caso tomó declaración a los agentes, pero cerró el sumario sin procesarlos al no haber encontrado motivos para el delito de inducción al asesinato.

La Asociación Unficada de la Guardia Civil recurrió el archivo al entender que la muerte de los colombianos "es absolutamente incompatible con la legítima defensa" y que "existen hechos delictivos cometidos por otras personas, incluidos guardias civiles, dotados de la suficiente gravedad como para que no puedan entenderse como prescritos".

Para esta asociación, el dueño de la finca sabía que los asaltantes iban a acudir allí, con fecha y hora, "y estaba preparado para ello, esperándoles". Otros indicios tampoco encajan con un supuesto de legítima defensa, como la disposición de las armas encontradas en la vivienda, o el hecho de que la pistola hallada junto a uno de los cuerpos, y que según los investigadores fue usada por uno de los fallecidos, no tuviera restos de su ADN.

En esa misma vivienda, Lucía Garrido apareció muerta el 30 de abril de 2008. Su cuerpo se halló flotando en la piscina, con contusiones y un corte en la yugular. El ex marido presentó una coartada solvente; que el día del crimen no se encontraba en Alhaurín de la Torre. Dos años después, Alonso fue detenido en una operación contra el narcotráfico junto al teniente de la Guardia Civil de la unidad encargada de investigar esos delitos y que además llevó las pesquisas sobre la muerte de Lucía.

Tras sucesivos archivos y reaperturas de la causa, vinculado incluso a una red de drogas, ahora la muerte de esta mujer será juzgada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 como un crimen machista, aunque el ejecutor material del asesinato no fue su ex pareja sino, presuntamente, un ciudadano español detenido en enero del 2016 en Mijas, al que se responsabiliza de haber ejecutado su muerte por encargo.