Casi siete años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción, arranca el próximo miércoles el primer juicio de los ERE, el que sienta en el banquillo a toda una etapa de los distintos gobiernos andaluces liderados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Del futuro de este proceso, en el que hay 22 ex altos cargos procesados que se enfrentan a penas que van desde la inhabilitación a los ocho años de cárcel, dependerá cómo puedan evolucionar el resto de las más de dos piezas separadas de investigación en las que se desgajó la macrocausa de los ERE. Por el momento, nadie se atreve a hacer una valoración sobre durante cuánto tiempo tendrá lugar este juicio, que algunos creen que durará hasta el verano de 2018, es decir, durante unos seis meses, y otros creen que se prolongará durante aproximadamente un año. Lo que sí está claro es que puede ser uno de los juicios más largos de los que se han celebrado en Andalucía, tras el juicio de la operación Malaya, que duró dos años.

En esta primera vista oral, la que enjuicia la "pieza política", la Audiencia de Sevilla analizará el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que según la Fiscalía Anticorrupción acabaron generando un perjuicio a la Hacienda pública andaluza cuantificado por el Ministerio Público en 741 millones de euros.

Los letrados intentarán tumbar en el juicio el informe de la IGAE, la base de la acusación

La base de la acusación es el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó que los ex consejeros de Economía Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán -en su etapa previa a ser presidente- y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades" detectadas durante una década (2000-2009) en las ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Los peritos incluyen en su informe, que tiene una extensión de 8.245 folios y será objeto de un demoledor ataque de las defensas durante el juicio, desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de dichas ayudas hasta la absoluta ausencia de un procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que habría impedido la fiscalización previa por parte del interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta.

Pero este brutal ataque que se espera por parte de las defensas al informe pericial no tendrá lugar hasta que el juicio haya superado la fase de las declaraciones de los acusados y de los testigos.

De momento, el juicio arrancará el próximo miércoles, día 13, con el trámite de las cuestiones previas que pueden plantear todas las partes y en el que las defensas jugarán un papel esencial.

La veintena de abogados defensores, que recientemente celebraron en Sevilla una reunión de coordinación previa al juicio, plantearán una media docena de cuestiones previas con nulidades y vulneraciones de derechos fundamentales.

Una de las cuestiones previas que más relevancia para el devenir del juicio puede tener, en caso de que fuese estimada, es la que expondrá ante el tribunal el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

El letrado pedirá la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín -que fue quien dictó el auto de transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado-, al considerar que se vulneró el "derecho al juez predeterminado por la ley" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La defensa entiende que el nombramiento realizado con los beneplácitos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la magistrada titular, María Núñez Bolaños.

Esta cuestión ya fue planteada por Mohedano ante la Audiencia de Sevilla en junio de 2016, al estimar que la comisión de servicio que se concedió al juez en julio de 2013 "no puede servir de cobertura" a la actuación de Álvaro Martín, puesto que dicho acuerdo establecía que el objeto de la comisión era que la titular del juzgado -entonces Mercedes Alaya- pudiera dedicarse a la instrucción de las macrocausas y no que éstas las tramitase el juez comisionado. La defensa también consideró insuficiente el plan de actuación por el que Bolaños y Álvaro Martín se repartieron posteriormente la instrucción de las distintas macrocausas.

En el caso de que esta cuestión previa prosperara, algo que debe decidir el tribunal, las consecuencias de la declaración de nulidad serían que el juicio se suspendería y el sumario sería devuelto al juzgado, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento anterior al que Álvaro Martín fue designado para instruir esta macrocausa. Algunas fuentes consultadas consideran que esta cuestión previa es difícil que sea admitida por el tribunal.

Otra de las nulidades que podrían plantearse guarda relación con el delito de asociación ilícita que atribuye a todos los ex altos cargos la acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía. Sobre esta cuestión, las defensas de Griñán y Gaspar Zarrías ya solicitaron al juez Álvaro Martín que acordara la "nulidad" del auto de apertura de juicio oral dictado el 3 de noviembre de 2016 en la pieza del procedimiento específico, al entender que la inclusión del delito societario suponía una "acusación sorpresiva" que les generaba una "manifiesta indefensión" y se veían de esta forma abocados a un juicio "bajo la imputación de pertenencia" a una asociación ilícita de la que nunca pudieron defenderse durante la fase de instrucción.

El juez Álvaro Martín expuso a las defensas que contra el auto de apertura de juicio oral no cabía recurso alguno y emplazó a las defensas a que lo plantearan en las cuestiones previas del juicio.

La defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo ha anunciado que solicitará que todos los acusados presten declaración al final del juicio, una vez que declaren todos los testigos propuestos por las partes y también los peritos que han realizado distintos informes sobre las presuntas irregularidades.

De la reunión que los letrados de la defensa mantuvieron el pasado 10 de noviembre en el bufete Montero-Aramburu salió el acuerdo para defender con vehemencia cualquier intento por parte de la Fiscalía Anticorrupción o de las acusaciones populares para tratar de introducir en este primer juicio de los ERE parte de las ayudas que se investigarán en las otras piezas separadas, después de que la Audiencia de Sevilla fijara el criterio de que los 22 ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio -en aplicación del principio legal non bis in ídem-, al considerar que el procedimiento específico por el que van a ser enjuiciados ya engloba cualquier conducta que pudiera reprochárseles penalmente en el resto de las 200 piezas en que se ha troceado la macrocausa.

Tras las cuestiones previas, el juicio se retomaría en principio el 9 de enero con las declaraciones de los primeros acusados -Chaves y Griñán lo harían en los últimos lugares, según el escrito de acusación del fiscal-, aunque los retrasos en las comisiones de servicio de dos magistradas del tribunal pueden retrasar la reanudación de la vista. A partir de entonces, el juicio se celebrará de lunes a miércoles, en sesiones de mañana, salvo el miércoles que también habrá sesión de tarde.